La arquitectura del Govern del Sants sigue marcando la agenda política en Canals. El portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Antonio Orea, anunció en el pleno municipal del jueves la activación de la vía judicial para tratar de invalidar el acuerdo que dejó en manos de dos concejales tránsfugas expulsados de Ciudadanos (Cs) varias delegaciones de gobierno y cargos de responsabilidad.
Celia Bononad y Xavi Pérez desobedecieron las directrices del partido con el que se presentaron a las urnas y apoyaron la investidura de Mai Castells (Compromís) como alcaldesa de Canals. Una vez suspendidos de la formación naranja, los dos concejales pasaron a formar parte del grupo de no adscritos y asumieron las competencias de Fira i Festes, Mercat, Agricultura y Cementerio, en virtud de un pacto de gobierno con Compromís y Canals en Moviment (CEM) que situó a Bononad (exconcejal del PP) como segunda teniente de alcalde. Los ediles no tienen sueldo, pero cobran por dietas de asistencia a juntas de gobierno y comisiones, que se han incrementado más de un 100%.
El PSPV defendió una moción en el pleno del jueves a través de la cual ofreció un apoyo «sin contrapartidas» al ejecutivo local a cambio de la retirada de competencias a los tránsfugas. Pero la propuesta no prosperó y la formación solo encontró el apoyo del PP. El paso siguiente, según advirtió el portavoz socialista, Antonio Orea, será la interposición de un recurso contencioso en el juzgado, invocando la ley que prohíbe recompensar a los no adscritos con derechos económicos y políticos que no hubieran gozado de haber permanecido en sus grupos de procedencia. «El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que los tránsfugas no pueden estar en la junta de gobierno ni tener delegaciones», incidió Orea, que pidió «devolver la dignidad al pueblo de Canals» . En un caso muy similar, en la Font de la Figuera, la justicia obligó recientemente a una edil expulsada de Ciudadanos a retornar los emolumentos percibidos durante 4 años tras un acuerdo que permitió investir a un alcalde de Compromís.
Orea comparó a la alcaldesa de Canals con Esperanza Aguirre y acusó al equipo de gobierno de articular «un pacto antinatural» con un «tamayazo» de libro. El portavoz socialista insistió en la vulneración del Pacto Antitransfuguis y apeló al código ético de Compromís. «Ahí dice que no gobernarán con tránsfugas, pero eso solo se queda en el papel o en las camisetas que se ponen por el poder, la silla y lo que haga falta», proclamó el socialista. El regidor recordó que el denominado Acord del Sants se abordó en la comisión del Pacte del Botànic, pero fue «santificado» por el síndic de Compromís, Fran Ferri. «El transfuguismo ataca la esencia de la democracia, que es la confianza de los electores», sentenció el edil a continuación.
Luz verde de Compromís
La respuesta del equipo de gobierno fue brevísima. «En ningún momento Compromís me pone palos en las ruedas para afrontar el gobierno con Ciudadanos y por eso no estoy expulsada», señaló la alcaldesa, Mai Castells, que defendió la existencia de informes previos de secretaría y dijo que el pleno «es un órgano normativo».
Otro asunto que monopolizó el pleno del jueves fue el agotamiento de fondos del presupuesto para afrontar determinadas partidas como las fiestas de Aiacor o para continuar obras que acumulan importantes retrasos o directamente están paradas, como las de las antiguas escuelas de Aiacor, la EPA, o el CEIP José Mollà.
