Consignar el importe por servicios recibidos o gastos realizados que aún no han sido abonados es una tarea que algunos ayuntamientos «olvidan». En 2018, una treintena de municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida cerraron el ejercicio contable con más de 2,2 millones de euros pendientes de reflejar en los presupuestos.En concreto, 2.259.272 euros. Es el saldo que acumulan 33 municipios de las tres comarcas en obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, según radiografía el Ministerio de Hacienda, que esta semana saca los colores a cientos de consistorios del territorio español. Los datos del departamento que dirige la ministra en funciones Mª Jesús Montero incluyen los saldos con acreedores por operaciones que aún no han visto su materialización en los presupuestos.
Ontinyent y Xàtiva son los que acumulan un saldo mayor en las tres comarcas, y juntas suman casi un millón de los algo más de 2,2 globales. La capital de la Vall d'Albaida liquidó 2018 con un saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que asciende a 626.661 euros. En el cuarto trimestre del pasado año, la cuantía llegaba a los 624.615 euros pendientes. Ontinyent mantiene por encima de los 600.000 euros este saldo de obligaciones pendientes que no han visto su consignación en el presupuesto: 2017 lo liquidó con 674.311; y 2016 con 617.556 euros.
Xàtiva arrastra la mitad de ese saldo, y tras la liquidación de 2018 quedaron pendientes de aplicar al presupuesto 310.604 euros. En 2017, el saldo se quedó en 179.650 euros. Benigànim ocupa el tercer puesto del «ranking» de los municipios con mayor saldo por obligaciones que han quedado al margen del presupuesto, de momento. La localidad de la Vall d'Albaida acumula 278.991 euros, según los datos del ministerio sobre la liquidación de 2018, un importe que se disparó el año pasado respecto a los ejercicios anteriores, en los que estas obligaciones se quedaron en 1.057 euros en 2017; y 22.786 en 2016.
El saldo más «sorprendente» es el de Torrella. La localidad de la Costera, de unos 148 habitantes, arrastra un saldo de obligaciones que no han sido consignadas en los presupuestos de 148.615 euros, más de 1.000 euros por habitante si el importe tuviera que salir directamente de los bolsillos de los vecinos. El saldo se arrastra de los ejercicios anteriores, ya que en 2017 la liquidación ya reflejaba 146.561 euros de obligaciones pendientes que no habían visto su materialización en las cuentas municipales; y en 2016 la cuantía fue de 142.052 euros.
Otro municipio que sobrepasa los 100.000 euros en gastos y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto es la Pobla del Duc, con 167.320 euros; y Castelló de Rugat, con 112.130 euros. El consistorio que preside Vicent Gomar dejó este saldo a cero en 2017 y 2016 (ejercicios hasta los que recoge el Ministerio de Hacienda), de manera que todas las obligaciones, gastos realizados y bienes y servicios recibidos fueron reflejados en el presupuesto municipal. Por su parte, Castelló de Rugat también dejó el saldo a cero en la liquidación de 2017, pero en la de 2016 se elevó a 265.620 euros.
Canals, que liquidó 2018 con un saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 1.244 euros, es el único municipio que ya ha aportado datos de 2019 al ministerio. En el segundo trimestre del presente año, este saldo de obligaciones asciende en Canals a 163.822 euros, cuantía que el ejecutivo que preside Mai Castells puede subsanar a lo largo del año contable. E2018, el municipio arrastraba en el tercer trimestre un saldo de 492.347 euros, y la liquidación del 2018 lo rebajó a los 1.244 euros. Canals es el único municipio que ha adelantado este dato en 2019 (se realiza por trimestres). Los municipios de menos de 5.000 habitantes no están obligados a dar esta información en los tres primeros trimestres de cada ejercicio.
