La Mesa de Territori de Ontinyent ha pedido a la Conselleria de Política Territorial que flexibilice la normativa para facilitar la minimización en suelo no urbanizable. Esta mesa, integrada por el ayuntamiento, la Associació de Promotors i Constructors de la Vall d’Albaida, la Associació d’Arquitectes d’Ontinyent y la Associació d’Arquitectes Tècnics, se reunió días atrás con el director general de Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Joaquín García, y el jefe del Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial, Óscar López, para abordar diversos asuntos de la normativa urbanística autonómica que permita incentivar la actividad económica de los sectores relacionados con el urbanismo, así como dar solución a cuestiones tratadas en la mesa, en especial en relación a la minimización en suelo no urbanizable. En este suelo es donde se arrastra la problemática de las construcciones irregulares en el diseminado de Ontinyent.
El alcalde, Jorge Rodríguez, y el regidor de Territori, Joan Sanchis, también asistieron a la reunión de la Mesa de Territori, que reclama a la conselleria que flexibilice la normativa o articule los mecanismos jurídicos necesarios para fomentar y facilitar al máximo la minimización en suelo no urbanizable, señalan. Actualmente hay 37 solicitudes de declaraciones individuales de minimizar del impacto ambiental de las construcciones, de las que se han admitido a trámite 24 y se han inadmitido 13, por no reunir los requisitos exigidos por la ley valenciana. Para la Mesa de Territori, los criterios de esta ley autonómica son «demasiado estrictos, porque no permiten dar solución a muchas situaciones que se arrastran del pasado». Critican que «solo se posibilite la minimización para usos residenciales, y no para casetas de aperos o de usos agrícolas; y que se exija que las viviendas estén completamente finalizadas antes de agosto de 2014», algo que consideran que «dificulta la posibilidad de dar solución a muchas situaciones». Por ello, piden «facilitar al máximo» la aplicación de la minimización, ya que supondría «un impacto muy positivo: permitiría minimizar el daño al medio ambiente y que la gente pueda acogerse a este procedimiento regulado en la ley; y sería fuente de actividad económica y revitalización de sectores económicos importantes, afirmaban ayer.
