El proceso de liquidación definitiva de la Mancomunitat de la Costera de Ranes -que hasta hace unos años mantenía unidas a cinco pequeñas poblaciones para la gestión del agua potable- ha sacado a la luz deudas e impagos arrastrados por sus socios desde hace más de una década que han dilatado el cierre definitivo de la entidad y que ahora se están repercutiendo en las corporaciones locales.
Es el caso del Ayuntamiento de La Granja de la Costera (295 habitantes), cuyo alcalde, José Miguel Marín (PP), ha desvelado un requerimiento de pago reciente fruto de la etapa de gestión anterior que ha obligado al consistorio a hacer frente a la factura del suministro del agua potable de los años 2010 y 2011, todavía pendiente de abonar a la Mancomunitat. El importe se suma a un pasivo acumulado que equivale al 14,44 % de los cobros que dicho organismo supramunicipal tenía pendientes de ingresar desde hace años. La cuantía de la transferencia que ha efectuado la Granja para satisfacer estos compromisos pendientes puede parecer exigua (unos 5.000 euros), pero para una entidad con un presupuesto anual tan bajo es suficiente para descuadrar las cuentas y generar un perjuicio notable, según admiten desde la corporación.
En 2013, bajo el anterior gobierno socialista, la localidad de la Costera llegó a acumular una deuda con la Mancomunitat de 16.733 euros en concepto de suministros del agua potable. Ante los requerimientos incumplidos, el Ministerio de Hacienda comenzó a retener mensualmente los ingresos que le correspondía transferir mensualmente al Ayuntamiento de la Granja por su participación en los tributos del Estado. Este proceso se prolongó durante tres años y terminó en 2015 habiéndose compensado 12.740,18 euros que la corporación dejó de recibir del Gobierno Central por los citados impagos.
Lo que restaba para completar la deuda total por el agua potable (casi 4.000 euros) es la cantidad que en 2019 ya fue reclamada por escrito por el presidente de la Mancomunitat de la Costera de Ranes al entonces alcalde de La Granja, Juan Carlos Garrido. La petición no fue inicialmente atendida. Dos años después, en junio de 2021, se aprobó la liquidación definitiva de la entidad -de la que también formaban parte Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Vallès, que han buscado una nueva forma de gestión del agua potable más económica y eficiente- ratificada el pasado mes de septiembre. A partir de ahí, se concedió de plazo hasta el 30 septiembre para que el ayuntamiento abonase el pago pendiente, finalmente satisfecho dos días antes de esa fecha límite.
Avisan de más reclamaciones
«Me ha tocado pagar a mí», lamenta de forma lacónica el actual alcalde de La Granja, José Miguel Marín, después de denunciar de forma pública el «imprevisto» en forma de deuda que ha de cargarse a la espalda el consistorio, con un pasivo por habitante de 644 euros según las últimas cifras oficiales. «El castillo de fuegos artificiales que se hubiese podido disparar en estas pasadas fiestas patronales con el dinero que hemos pagado para saldar esta deuda heredada de agua potable», apuntan desde el equipo de gobierno. Las mismas fuentes advierten de que «lo peor está por venir» con las reclamaciones, pleitos, juicios y sentencias que se avecinan en el horizonte fruto de anteriores etapas de gestión.
