El Gobierno piensa repartir 2.000 millones de euros entre 1.670 ayuntamientos con problemas de liquidez a través de un nuevo mecanismo de pago a proveedores. La intención del Ejecutivo Central no es otra que evitar una sanción de Bruselas por la morosidad de las administraciones públicas, aprovechando de paso para sanear a las entidades locales con mayores dificultades. El criterio escogido para seleccionar a las que formarán parte del fondo -de adhesión obligatoria- es haber incumplido el plazo legal de pago a proveedores (de 30 días) en alguna de las liquidaciones trimestres comprendidas entre diciembre de 2020 y junio de 2021.
En virtud de esta consideración, nueve corporaciones de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida son candidatas a recibir la ayuda, siempre y cuando sus contratistas acepten ser incluidos en un mecanismo que supone renunciar a la exigencia de los intereses de demora derivados de los atrasos en la satisfacción de las facturas pendientes.
El último balance publicado por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al mes de junio, sitúa a tres entidades de la Vall como las que más tardan en abonar los recibos a sus proveedores de toda la provincia de Valencia, en función de las operaciones registradas en el trimestre precedente.
El Ayuntamiento de Bellús lleva ya un año sin abandonar el liderato de la clasificación. A comienzos de verano su periodo medio de pago alcanzaba los 457,75 días (15 veces más de o que marca la ley), con un montante total pendiente de saldar de 113.281,66 euros.
Un peldaño por debajo se halla la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, otro clásico entre las corporaciones más morosas como consecuencia de una deuda histórica y de 888.000 euros en recibos por abonar que elevaban a 298 días (casi 10 veces por encima del límite legal) su ratio de pago. Su presidente, Vicent Gomar, subraya que la entidad está más saneada y que su situación financiera «es mucho mejor» que hace unos años, aunque admite que un plan como el que diseña el Gobierno -a falta todavía de conocer la letra pequeña y la fórmula empleada para hacer llegar el dinero- le vendría «muy bien» a la Mancomunitat para conseguir liquidez.
Problemas «puntuales»
Gomar también es alcalde del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, el tercero que más se retrasó en saldar obligaciones en el último trimestre con datos oficiales. El regidor, sin embargo, cree que al consistorio no le haría falta adherirse al mecanismo porque «no tiene problemas de tesorería» y atribuye el incremento del periodo medio de pago a 103 días a un problema puntual con unos recibos en el primer trimestre del año. En los dos anteriores, el promedio se situó en 36 y 44 días respectivamente, por encima del techo legal (de un mes) pero en menor medida. Entre enero y junio, también Bocairent superó el límite por dos días y medio, con una deuda comercial de 311.309 euros. Sempere, Guadassèquies, Albaida, La Granja, Castelló de Rugat y la Mancomunitat de la Costera incumplieron igualmente la cláusula de morosidad en diciembre de 2020 o marzo de 2021 (ésta última por solo medio día de retraso).
