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Canals asume al personal de la «escoleta» y descarta el cierre

La alcaldesa firma la resolución que interviene oficialmente el centro tras meses de problemas e impagos

La escoleta de Canals.

El Ayuntamiento de Canals ha asumido formalmente al personal de la escoleta municipal, tras meses de problemas e impagos a los trabajadores. Mai Castells, alcaldesa de la localidad, rubricó ayer una resolución oficial para la intervención oficial del servicio.

La resolución dictada por la alcaldía supone la incoación de un expediente para la finalización de un contrato administrativo de servicios que el consistorio mantenía con la actual contratista, Marta Moscardó, por el impago — durante la ejecución del contrato— de los salarios a los trabajadores. A su vez, la corporación municipal confiscará la garantía definitiva. La decisión adoptada por el ayuntamiento comporta, además, la intervención municipal como medida cautelar «a fin de asegurar la continuidad y regularidad en la prestación servicio público de escuela infantil».

Principios de diciembre

Esta intervención cautelar implica que a principios de diciembre las trabajadoras del centro serán asumidas por el ayuntamiento hasta que se resuelva el expediente de resolución contractual.

«El consistorio ha estado trabajando con la máxima celeridad legal posible. Se ha informado puntualmente de los pasos seguidos tanto a la corporación municipal al completo como las trabajadoras de la escoleta y a las madres y padres del alumnado», expusieron ayer fuentes municipales. «Así pues, una vez ha quedado suficientemente acreditado que la actual empresa adjudicataria ha incumplido el contrato por un impago salarial superior a los tres meses, el ayuntamiento ha intervenido el servicio de forma eficaz y contundente, sin contemplar, en ningún caso, la opción del cierre del escoleta», prosiguieron las mismas fuentes.

«Por el bien de los niños»

Castells apuntó que «hubiéramos querido una solución más directa y sencilla, pero hay que destacar que nunca se ha dejado de trabajar por el bien de las trabajadoras y, sobre todo, por los niños y niñas del centro».

«Asimismo, también hay que recalcar que se ha actuado en el momento en que se han dado las circunstancias necesarias para poder intervenir el servicio atendiendo a la legalidad. Esta alcaldía tenía claro que no iba a incurrir en ilegalidades. En todo momento se ha hecho caso a los técnicos especialistas, tanto internos como externos, consultados», sentenció ayer la alcaldesa.

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