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El Consell aplaza el Plan Urbano de l’Alcúdia al detectar 14 deficiencias

El retraso sitúa al borde de la caducidad la memoria ambiental del instrumento, que a partir de febrero podría condicionar la tramitación

Rotonda de acceso al núcleo urbano de l’Alcúdia de Crespins. | PERALES IBORRA

Después de casi 20 años de tramitación, el Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcúdia de Crespins todavía ha de sortear no pocos obstáculos antes de adentrarse en su fase definitiva y ponerse en funcionamiento. Tras analizar la ingente documentación presentada por el ayuntamiento y los informes sectoriales de los distintos organismos de evaluación, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat acordó en diciembre suspender la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico a la espera de que el consistorio subsane alrededor de catorce observaciones de carácter técnico para ajustarlo a la normativa vigente.

El nuevo retraso entraña sus riesgos. Como informó este diario, la memoria ambiental del Plan General de l’Alcúdia de Crespins caducará en febrero -un problema al que se enfrentan otros 22 municipios valencianos- si no se aprueba antes el documento. Según advirtió el jefe Coordinación Urbanística y Territorial de la Generalitat, esta circunstancia puede conllevar que estas localidades tengan que poner el contador a cero y reiniciar toda la tramitación. En el acuerdo de la Comisión de Urbanismo se indica que las memorias ambientales emitidas antes del 1 de enero de 2021 «perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que les son propios, si no se hubiera procedido a la aprobación del Plan antes del 8 de febrero de 2022».

Fase de subsanación de errores

Desde la corporación municipal de l’Alcúdia, sin embargo, confían en que no haya excesivas demoras y en que el Plan General pueda estar aprobado de forma provisional entre marzo o abril, sin mayores problemas. El alcalde, Pepe Garrigós, quita hierro a las deficiencias y señala que el equipo redactor se encuentra trabajando a fondo para corregirlas cuanto antes.

Los primeros pasos para el diseño del instrumento comenzaron a darse en el año 1999, aunque durante la etapa de gobierno del PP estuvo paralizado durante varios años. En 2015, el ejecutivo del PSPV y Compromís se marcó la prioridad de acelerar al máximo los trámites para dotar a la localidad de la necesaria regulación urbanística para no tener que regirse por las normas provisionales que datan del año 1995. Una vez culminada su redacción, fue aprobada por el pleno municipal y remitida a la administración autonómica.

Entre las deficiencias señaladas, la Generalitat recalca que la ordenación pormenorizada del nuevo sector de suelo urbanizable industrial bautizado como «Canari-2» debe formularse mediante un plan parcial. El informe de la Comisión de Urbanismo también determina que el instrumento presentado no ha dado cumplimiento a la exigencia legal referida a que en la memoria informativa del Plan General se debe incluir el análisis de las características de la población, sus condiciones económicas y sociales y las previsiones de evolución demográfica. Igualmente, se obliga a incluir una limitación a las construcciones que eleven el riesgo de inundación. El resto de observaciones se refieren a errores en cálculos de superficies o en referencias textuales que deberían eliminarse o incluirse de la redacción definitiva del documento, cuestiones menores que se suman a las carencias indicadas en otros informes sectoriales.

Pegas en materia de patrimonio y de telecomunicaciones

La Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos también ha emitido en el último mes un informe desfavorable en el marco de la tramitación del Plan General de l’Alcúdia de Crespins, tras observar cuatro puntos que colisionan con diferentes artículos de la Ley General de Telecomunicaciones y que deberán ser subsanados por el equipo redactor del instrumento de planeamiento urbanístico de la localidad de la Costera.

Otro de los informes sectoriales desfavorables que han obligado a corregir la documentación presentada es el que emitió en noviembre la Dirección Territorial de Educación y Cultura, indicando cuestiones que no cumplía el catálogo en materia de patrimonio cultural.

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