El Tribunal Supremo ha dado carpetazo de manera definitiva al histórico litigio que mantenían desde 2007 el Ayuntamiento de Ontinyent y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a cuenta del canon de control de vertidos, una tasa que grava todos los derrames al dominio público hidráulico. Hace quince años, el organismo de cuenca giró una liquidación por importe de 832.819 euros al consistorio por entender que el municipio había evacuado aguas a la red en 2006 careciendo de la pertinente autorización de vertidos.
Con el respaldo de la la Comunitat d’Usuaris de Vessaments d’Onitnyent-Agullent, la corporación municipal rechazó la procedencia de la reclamación y defendió que debía aplicarse un parámetro inferior para calcular la tasa, que reducía el importe a 130.000 euros. La falta de entendimiento entre ambas instituciones derivó en un largo enfrentamiento judicial que tuvo su primer pronunciamiento en 2011, cuando el Tribunal Economíco-Administrativo Central con sede en Madrid anuló la liquidación emitida por la CHJ.
Lejos de cesar en su empeño por cobrar el canon de 2006 al Ayuntamiento de Ontinyent, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica abrió un nuevo procedimiento para exigir a la administración local la misma tasa, aunque por una cuantía ligeramente inferior que ascendía a 650.639 euros. El consistorio volvió a negarse a aceptar el pago, que nuevamente terminó siendo anulado en 2019 por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR). La resolución volvió a exonerar a Ontinyent de abonar la tasa.
El siguiente paso adoptado por la Confederación Hidrográfica del Júcar fue interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En junio de 2020, este órgano judicial falló también a favor del Ayuntamiento de Ontinyent y confirmó la resolución del TEAR. La conclusión de la sala de magistrados fue que el derecho de la CHJ a exigir la controvertida liquidación del canon de vertidos pendiente desde 2006 había prescrito, por lo que su reclamación no se ajustaba a derecho. La sentencia del TSJCV condenó además al organismo de cuenca a pagar las costas judiciales del proceso, valoradas en 1.500 euros.
«Una muy buena noticia»
Inasequible al desaliento, la Confederación volvió a intentar impugnar el citado fallo, esta vez ante el Tribunal Supremo. Pero la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado César Tolosa Tribiño, no admitió a trámite el recurso de apelación. El escrito no fundamentaba suficientemente la concurrencia de razones de interés casacional para entrar a debatir sobre los argumentos de la entidad estatal ni sobre la conveniencia de un pronunciamiento específico del Supremo.
El auto impuso otra condena en costas e la CHJ, esta vez hasta un importe máximo de 2.000 euros, por los gastos jurídicos ocasionados al consistorio. De esta forma, la sentencia del TSJ ha devenido en firme. A juicio de la regidora de Sostenibilidad de Ontinyent, Sayo Gandia, se trata de una «muy buena noticia» después de tantos años de batalla judicial. «La cantidad inicial que nos llegaron a reclamar era de 832.000 euros. Nosotros la rebajamos a 150.000 euros porque entendíamos que sí teníamos autorización de vertidos, pero al final no vamos a tener que pagar nada», celebra la edil.
