La reiterada presencia de metales pesados en los lodos producidos por la depuradora (EDAR) que comparten Canals y l’Alcúdia de Crespins concentró en 2021 el 57% de las alertas relacionadas con esta problemática que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuos (Epsar) trasladó a los ayuntamientos y comunidades de usuarios de la Comunitat Valenciana.
En las inspecciones desplegadas a lo largo de todo el año, el organismo dependiente de la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica únicamente detectó metales pesados en tres depuradoras del territorio y dictó un total de 21 comunicaciones para instar a los responsables de las mismas a que extremen la vigilancia en la red de saneamiento y a que adopten las medidas correctoras pertinentes, aplicando sanciones a las empresas productoras de los residuos contaminantes, de acuerdo con la regulación vigente.
De esos 21 requerimientos, 12 fueron dirigidos a la Comunidad de Usuarios de Vertidos La Partida de Sagres, que gestiona la EDAR de Canals-l’Alcúdia de Crespins. La comunidad responsable de la estación mancomunada de Alfarrasí, l’Olleria y Montaverner recibió tres advertencias, mientras que las seis restantes fueron remitidas al Ayuntamiento de IBI.
La Epsar controla periódicamente el contenido de metales pesados en los lodos de depuración de todas las instalaciones financiadas con cargo al canon de saneamiento. La presencia de alguno de estos elementos químicos como el cobre, el cromo, el zinc, el mercurio, el plomo o el cadmio en concentraciones superiores a los límites establecidos imposibilita la reutilización de los fangos en la agricultura, lo que obliga a someterlos a un tratamiento posterior y a un destino alternativo que desemboca en un incremento exponencial de los gastos de explotación de las plantas. De hecho, la entidad cifra en 969.259 euros el sobrecoste generado en 2021 en las tres depuradoras en cuyos lodos se hallaron metales pesados (Alfarrasí, Canals-l’Alcúdia e Ibi). Las diferentes memorias de gestión de la Epsar reflejan que en los últimos años se ha reducido tanto el número de depuradoras que incurren en estos incumplimientos (en 2019 fueron 14 instalaciones y en 2020 se localizaron 12, frente a las 3 de 2021), como la cifra de notificaciones a ayuntamientos (43 en 2019, 25 en 2020 y 21 en 2021). Sin embargo, la EDAR de la Costera fue objeto el año pasado de dos requerimientos más que en 2019 y de los mismos que en 2020. Además, los sobrecostes globales por la presencia de metales pesados aumentaron un 48 %.
Objetivo: endurecer las sanciones
El problema con la citada depuradora viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y está vinculado fundamentalmente con los vertidos de las industrias de Canals que trabajan con pieles y curtidos y vierten cromo a la red. El febrero, la alcaldesa de esta localidad, Mai Castells, y su homólogo de l’Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, se reunieron para diseñar una respuesta común y buscar soluciones a esa carga contaminante que llega a la instalación y que repercute en los bolsillos de los ciudadanos porque ha obligado a ambos ayuntamientos a pagar multas a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para Garrigós, presidente temporal de la comunidad de usuarios, los vertidos perseguidos son «preocupantes» y erradicarlos, una prioridad absoluta.
En ese encuentro se acordó la necesidad de que el consistorio de Canals actualice y endurezca su ordenanza de vertidos para castigar con sanciones más altas a las empresas que vierten metales pesados. La idea sería equiparar la regulación de este municipio con la que se aplica en l’Alcúdia de Crespins, más restrictiva desde hace años. En esta población, empresas como Tejidos Royo ya han tomado medidas para cumplir con los parámetros exigidos, en este caso con la instalación de una depuradora propia.
