La diputación pagará 385.000 euros en 5 años por la oficina alquilada en la Albereda

La corporación reajusta las anualidades con la contratista, que presentó el tercer precio más alto en el proceso de búsqueda de un bajo ya habilitado en Xàtiva

Xàtiva. Nueva oficina de gestión tributaria de la diputación

Xàtiva. Nueva oficina de gestión tributaria de la diputación / PERALES IBORRA

Sergio Gómez

Sergio Gómez

La Diputación de Valencia tiene previsto gastar 385.000 euros en cinco años para sufragar el arrendamiento de la nueva oficina tributaria abierta a mediados de este año en el local del antiguo Banesto ubicado en la Albereda de Xàtiva. Después de cuatro años de infructuosas gestiones para intentar localizar un local en condiciones, la corporación provincial cerró a finales de 2021 un contrato de alquiler y reforma con una empresa local a la que pagará mensualmente algo más de 6.000 euros hasta 2027, a razón de 15,12 euros el metro cuadrado por una superficie de 424 m2.

La diputación acaba de aprobar un reajuste de las anualidades inicialmente pactadas con la empresa que rebajan en 19.239 euros la mensualidad calculada para 2022 e incrementan en la misma cantidad la correspondiente a 2027, teniendo en cuenta que el inmueble comenzó a ocuparse el 1 de mayo de este año. De esta forma, en 2022 se abonarán 57.717 euros, entre 2023 y 2026 el importe será de 76.956 euros y en 2017 ascenderá a 19.239 euros.

El procedimiento de búsqueda de la nueva sede de la diputación fue accidentado desde el principio. En un principio, cuando anunció sus planes de mudarse de local, la institución aspiraba a gastarse un máximo de 26.500 euros anuales en el alquiler de un recinto céntrico de entre 300 y 350 metros cuadrados, con un presupuesto de partida de 5,22 euros por metro cuadrado. Sin embargo, los dos primeros concursos públicos promovidos en ese sentido quedaron desiertos por falta de licitadores solventes cuyos inmuebles cumplieran todos los requisitos.

En 2020, la diputación inició un nuevo procedimiento, pero esta vez se mostró dispuesta a pagar hasta 16,50 euros por metro cuadrado por una superficie de entre 380 m2 y 440 m, con un tope de 87.120 euros anuales en el precio. La diferencia es que en el nuevo pliego se incluyó dentro del contrato el coste de las obras necesarias para dejar a punto la oficina, lo que se conoce como la modalidad de "llave en mano".

Al último concurso se presentaron cuatro empresas aspirantes con sus respectivos locales y la que finalmente resultó adjudicataria fue la que presentó el segundo precio más alto:15,12 euros. La inicial ganadora ofreció un bajo en la calle Humanista Lluis Fenollet por 13,31 euros el metro cuadrado, pero acabó siendo excluida por no justificar correctamente el cumplimiento las condiciones exigidas en el pliego, una circunstancia que recurrió. La segunda empresa mejor clasificada presentó un local en la calle Ausiàs March a cambio de un precio de 12,79 euros, pero terminó renunciando al contrato.

Cinco inmuebles más baratos

Por el alquiler de la antigua sede de la gestión tributaria ubicada en la Avenida Selgas, junto al Ayuntamiento de Xàtiva, la Diputación de Valencia pagaba un alquiler de 3.459 euros mensuales, la mitad de lo que le cuesta la actual oficina, aunque cabe recalcar que en las cuotas ahora va incluido el coste de la reforma y la habilitación de las instalaciones. Además, el local actual es mucho más grande que el antiguo, que tenía una superficie de 228 metros cuadrados y se había quedado pequeño.

Antes del último concurso, la diputación encargó a un arquitecto técnico un estudio de mercado para valorar el precio de un nuevo local ya habilitado tomando como base siete inmuebles de las características buscadas. De los siete analizados, cinco hubieran resultado más baratos (incluyendo la reforma), aunque su ubicación era peor al no ser tan céntrica: uno estaba en la calle Luís Alcanyís, otro en la Avenida Corts Valencianes, otro en la calle Francisco Gozalbes, otro en Hort Almúnia y otro en la calle Sevilla.

El arrendamiento del actual local se puede prorrogar hasta seis anualidades más de manera forzosa y luego de forma voluntaria el tiempo que se pacte entre las dos partes.