Un pueblo de 590 habitantes legalizará más de medio centenar de viviendas en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Benicolet ha iniciado los trámites ante la Generalitat para poner en orden y legalizar más de medio centenar de viviendas construidas antes de 2014 de forma incontrolada en suelo no urbanizable común y de protección paisajística al noreste del término municipal. Y lo va a hacer con el impulso de tres planes especiales de minimización de impactos que persiguen sacar a los inmuebles afectados del limbo jurídico en el que se encuentran, con el diseño de otras tantas áreas residenciales aisladas sujetas a la normativa vigente y a las medidas de protección antiincendios exigidas en una zona rodeada de monte.

Con 587 habitantes censados, esta localidad de la Vall d'Albaida se ha acogido a la oportunidad que brinda la Ley de Ordenación del Territorio para resolver un problema enquistado en buena medida por la falta de medios y recursos del consistorio para atajarlo. El resultado en una realidad urbanística plagada de supuestas irregularidades sobre el terreno por la proliferación de casetas diseminadas sin orden ni concierto a lo largo de los años.

Benicolet es, de momento, el municipio que más chalés ha propuesto para su regularización de una tacada en el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida: cuenta con un 0,19% de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable por kilómetro cuadrado de la provincia de Valencia. Los conflictos urbanísticos han generado una inusual litigiosidad en los tribunales en la población: en 2019 un exalcalde y un exarquitecto municipal fueron condenados por prevaricación administrativa por conceder licencias ilegales entre 2006 y 2007. En 2022, el actual alcalde tuvo que sentarse en el banquillo tras denunciar un exconcejal hasta 60 edificaciones fuera de ordenación que habían terminado consolidándose, pero el primer edil quedó absuelto al probarse sin ningún género de duda que la falta de recursos impide al consistorio perseguir y castigar todas las construcciones ilegales.

La primera de las tres áreas objeto de legalización con los planes especiales se localiza en el Camí Racó del Pi y alberga un total de 28 viviendas sobre una superficie de 8,7 hectáreas, el equivalente a 3,23 viviendas por hectárea. El conjunto de inmuebles está valorado en 4,3 millones de euros. Según expone la programación municipal, las fincas donde se ubican los inmuebles conservan una parcelación de características rurales y las casas se implantaron "al margen de los procedimientos formalizados de urbanización y edificación".

El segundo ámbito a regularizar se sitúa en torno al Camí El Planisset, tiene una extensión de 4,3 hectáreas y engloba un total de 14 casetas valoradas en 2 millones de euros, mientras que la tercera área está en el Camí de la Plana y acoge 11 viviendas sobre una superficie de 3,6 hectáreas.

Alteración del entorno y degradación de la vegetación

Estas zonas se corresponden con espacios de monte bajo cuya vegetación se encuentra bastante degradada, por lo que se plantean medidas para conservarla y recuperarla impidiendo la construcción de nuevas edificaciones y regulando las ya consolidadas. La proliferación de viviendas sin ningún tipo de control ha alterado las condiciones naturales del entorno, ha derivado en la aparición de vertederos incontrolados y ha generado problemas relacionados con el vertido incontrolado de aguas residuales y la inexistencia de suministros de agua potable en los inmuebles que deberán resolverse con los procesos de minimización de impactos.

Cada uno de los planes especiales diseñados dibuja una serie de intervenciones a ejecutar para reducir el impacto de las las agrupaciones de viviendas y que estas puedan considerarse seguras, sobre todo con la actuación de los bomberos, la adecuación de accesos y el tratamiento de la interfaz urbano-forestal. La tramitación de los tres procedimientos de minimización de impactos se encuentra en fase de consultas ante las administraciones superiores que han de emitir informes sobre su viabilidad. Una vez aprobados, el consistorio confía en disponer de los medios necesarios para mejorar el asentamiento urbanístico y reducir la conflictividad asociada a los chalés irregulares en plena sierra.

El Plan General de Benicolet ya tuvo en cuenta la regulación de las viviendas diseminadas para garantizar su encaje en el ordenamiento municipal, aunque se precisa de otro instrumento para redondear el objetivo perseguido.

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