Una vecina de Ontinyent denuncia el impago del bono social térmico de los años 2020 y 2022

El Síndic insta al Ivace a hacer efectivo el pago de esta ayuda y el instituto dependiente de la Conselleria d’Economia asegura que las subvenciones se abonarán en el segundo semestre de este año

Imagen de archivo de una familia que sufre pobreza energética.

Imagen de archivo de una familia que sufre pobreza energética. / CARLOS MONTANYES

R.Tomàs.

Una vecina de Ontinyent beneficiaria del bono social térmico -la ayuda para paliar la pobreza energética y compensar los gastos por el uso de la calefacción y agua caliente- ha denunciado el impago de esta subvención en los años 2020 y 2022, por parte de la Generalitat Valenciana. Un impago en el que ha recurrido al Síndic de Greuges para mediar en el abono de la ayuda y ante el que el Ivace, instituto dependiente de la Conselleria d’Economia que tramita estas subvenciones, ha asegurado que se pagarán en el segundo semestre de este año.

La ontinyentina tiene reconocida esta ayuda social por la situación de vulnerabilidad que atraviesa, y con la que sufraga los gastos energéticos que se han visto incrementados en los últimos años y que motivó que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico lo gestionara y tramitara en 2019 y que a partir de 2020 delegó en los gobiernos autonómicos, transfiriendo los fondos necesarios a las diferentes administraciones autonómicas. La Generalitat Valenciana designó al Ivace de la Conselleria d’Economia como organismo encargado de gestionar, tramitar y abonar el bono social térmico a partir de 2020, pero a la vecina de Ontinyent no le llegaron las ayudas que le correspondían ese mismo año 2020 y el 2022. Ante la falta de respuesta del Ivace, la afectada recurrió al Síndic de Greuges para que mediara en el pago de la ayuda.

El síndic Ángel Luna pidió un informe a la conselleria reclamando información de la situación del expediente de la vecina ontinyentina, así como explicaciones sobre si el Ivace estaba abonando el bono correspondiente de los años 2020, 2021 y 2022, en qué situación se encontraban estos pagos cada año, qué faltaba por pagar y los motivas que habían provocado los impagos en estos tres años.

Desde la Conselleria d’Economia respondieron al Síndic informando que las ayudas de 2020 está en trámite la consignación presupuestaria y que, una vez se reciban los fondos se gestionará el abono a las personas beneficiadas, entre ellas la vecina de Ontinyent, indicando que “supuestamente será sobre el segundo semestre del presente año”. La administración autonómica también expone que la ontinyentina es una de las personas beneficiadas del bono social térmico de 2021 y que el Ivace envió una carta certificada indicando que le correspondía una subvención de 206,18 euros, que se le transfirió el 25 de mayo de 2022, tras resolver un problema con la cuenta bancaria. Al parecer, la comercializadora eléctrica no tenía la cuenta bancaria en la que había que ingresarle la ayuda, y tras requerirle este documento y aportarlo la beneficiaria, se le abonó el pago de 2021 en mayo del año pasado.

En cuanto a la ayuda que le corresponde en 2022, a la residente de Ontinyent se le ha concedido una ayuda de 419,61 euros, “la cantidad otorgada por el BST-2022 a los consumidores vulnerables severos que residen en una población que pertenece a la zona climática C, como es el caso de Ontinyent”. Desde la conselleria aseguran que “en breve recibirá una carta indicando este hecho” y que “a partir del 24.05.23 efectuaremos las transferencias bancarias”.

El Síndic expone en su resolución que a la afectada de Ontinyent “no nos consta que se haya abonado” el bono social térmico de 2020 ni de 2022, por lo que señala que la actuación de la administración puede “no ser lo suficientemente respetuosa con los derechos de la persona afectada”, por lo que insta a la conselleria a que arbitre “de la forma más rápida posible” las medidas necesarias para hacer frente al abono del bono social térmico de 2020 y 2022. También reclama a la administración que recabe los datos necesarios de las comercializadoras para efectuar el pago de las ayudas “sin provocar demoras ni molestias a los usuarios que han de recibirlas”, concluye el Síndic.