El PP recupera la presencia institucional en los actos religiosos del Genovés

El alcalde deroga la resolución de 2015 que impedía a los concejales presidir las procesiones en representación del ayuntamiento

La nueva corporación municipal del Genovés, con el alcalde al centro.

La nueva corporación municipal del Genovés, con el alcalde al centro.

S. Gómez

En julio de 2015, el equipo de gobierno del PSPV del Genovés suprimió la representación oficial del ayuntamiento en los actos religiosos que se celebran en la localidad. Ocho años más tarde, una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo ejecutivo del PP con apoyo de Vox ha sido devolver la presencia de cargos políticos e institucionales a las procesiones y actividades vinculadas a la Iglesia. 

Cuatro días después de ser investido alcalde con el voto de Vox, el pasado 21 de junio, el popular Pablo Vilar firmó una resolución para dejar sin efecto el contenido del decreto promovido por el exalcalde Pere Revert en virtud del cual se dispuso que no habría representación oficial del consistorio en los actos y fiestas religiosas del municipio, invocando la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa. El citado texto que ha sido anulado también establecía que los regidores que quisieran participar en dichos actos «desde su libertad individual», debían hacerlo «a título personal sin ningún signo externo ni protocolario del ayuntamiento». 

El PSPV anuncia que sus concejales seguirán sin acudir a las procesiones en representación oficial del ayuntamiento

Con la retirada de esta regulación, en las fiestas patronales del Genovés que comenzaron el pasado viernes los concejales electos podrán volver a presidir las procesiones en representación de la corporación municipal. El nuevo decreto ha sido notificado a todos los ediles del ayuntamiento. 

La medida ha generado la reacción del PSPV del Genovés. A través de un comunicado, el grupo socialista dejó claro hace unos días que va a seguir manteniendo la misma postura de los últimos ocho años en el consistorio, de forma que sus regidores acudirán a los actos religiosos que se celebren en la localidad «de manera libre y voluntaria, a título personal y sin representar oficialmente al ayuntamiento». La agrupación local que encabeza Verònica Llopis se apoya en el artículo 16 de la Constitución española y en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para recordar que el España es un Estado aconfesional y que existe libertad religiosa y de culto, de modo que las creencias religiosas «no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley» y «no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas». 

Desde el PSPV indican que han comunicado su decisión al cura de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, al que agradecen su comprensión y aceptación, así como a los festeros y festeras de este año. «Pedimos que de la misma manera que nosotros respetamos la postura del gobierno municipal actual, aunque no la compartimos, se nos respete», mantienen los socialistas en su comunicado, que terminan con una llamada al «civismo, respeto y hermandad que nos caracteriza como pueblo» de cara a las fiestas patronales.

Tres procesiones, cuatro misas, la Subida y la Baixada en el programa de actos

Las fiestas patronales delGenovés se extienden hasta el 8 de agosto y los actos religiosos se concentrarán entre el domingo y el martes próximos. La programación incluye dos misas, la tradicional Baixada del Sant Crist a la iglesia y una procesión el domingo 6 de agosto, así como otra misa, una procesión y la subida de la imagen del santo el lunes. El martes también habrá misa y una procesión. Desde ayer y hasta el jueves las vaquillas protagonizan los festejos. Ayer fue el concierto de la banda de música.

Idéntico camino que Algemesí

El Genovés no es el único municipio en el que los políticos van a poder volver a presidir las procesiones. A finales de julio, el gobierno municipal del PP y Vox en Algemesí acordó en el pleno derogar la normativa aprobada por la izquierda hace 8 años que impedía a los concejales participar en los actos religiosos como representantes oficiales del ayuntamiento, para remarcar la distinción entre Iglesia y Estado.