La comunidad de vertidos de Ontinyent ya es un referente autonómico

Las comunidades de usuarios de vertidos son corporaciones de derecho público que las confederaciones hidrográficas exigen crear a los ayuntamientos para garantizar que los vertidos de las depuradoras a los cauces se efectúan de forma idónea y segura.

Sin embargo, la Sindicatura deComptes ha detectado que la gran mayoría de estas entidades incurre en irregularidades porque no llevan en orden sus cuentas. De hecho, solo tres de las 51 comunidades de vertidos valencianas están correctamente inscritas en el inventario de Entes Sujetos a Rendición deCuentas (INVENS), disponen de presupuestos propios y aprueban sus cuentas generales. Una de ellas es la que se encarga de supervisar el control de la depuradora de Ontinyent-Agullent, integrada por ambos ayuntamientos de la Vall. 

La Sindicatura ha advertido a 46 comunidades de vertidos que que tienen que aprobar y airear sus cuentas para cumplir la ley

El informe publicado esta semana por la Sindicatura advierte de que hay un total de 46 comunidades de vertidos constituidas y en funcionamiento en la C.Valenciana que no rinden sus cuentas ni al organismo de fiscalización valenciano ni al Tribunal deCuentas pese a que reúnen las condiciones para formar parte del sector público.

Junto a la de Ontinyent-Agullent, también cumplen todos los requisitos y obligaciones las agrupaciones de Nules-Vilavella y la comunidad de usuarios de vertidos de la depuradora el Pla de Guadassuar. Otras dos entidades integran el Invens pero no han aireado sus cuentas anuales. 

Petición de la Sindicatura

El resto de comunidades «poseen las condiciones» para incorporarse al citado inventario de rendición de cuentas, por lo que la Sindicatura les insta a que inicien cuanto antes los trámites en ese sentido. La constitución de comunidades de vertidos por parte de los entes locales supone una condición necesaria e imprescindible para el otorgamiento de la autorización administrativa de vertido de aguas residuales que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los estatutos de estas agrupaciones determinan que tienen que llevar una contabilidad presupuestaria, al menos, porque anualmente están obligadas a aprobar y liquidar sus presupuestos. Pero en el conjunto de la Comunitat Valenciana todavía queda mucho por hacer para regularizar la situación.

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