Condenan al exalcalde de Albaida del PP y su número 2 por falsedad documental

El juzgado impone a Juan José Beneyto y Roberto Sala penas de 2 años de cárcel y 3.000 euros de multa tras ocultar la ruina de la empresa pública Gestiona dando una apariencia de solvencia a las cuentas

Juan José Beneyto (dcha.) interviene junto a Roberto Sala, en un pleno de Albaida en 2008.

Juan José Beneyto (dcha.) interviene junto a Roberto Sala, en un pleno de Albaida en 2008. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

En plena crisis del ladrillo, la empresa pública municipal de Albaida llegó a alcanzar una deuda cercana a los 5,5 millones de euros. Gestiona se convirtió en una auténtica «pesadilla» que situó al Ayuntamiento de Albaida entre las administraciones locales más endeudadas de España al acumular un pasivo municipal de 20 millones de euros..

Once años después de la denuncia que en 2013 presentó el gobierno municipal de Compromís y PSPV por la gestión de la mercantil, el juzgado de lo penal número 2 de València ha condenado al exalcalde de Albaida, Juan José Beneyto (PP) y al exteniente de alcalde, Roberto Sala, a penas de dos años de prisión e inhabilitación y a multas de 3.000 euros por un delito societario de falsedad documental continuada en la contabilidad de la firma.

Los acusados, según considera probado la sentencia, trataron de dar apariencia de solvencia económica y financiera a la mercantil, cuando se encontraba ya en quiebra técnica, poco antes de las elecciones locales de 2011.

Los dos exregidores siguieron impulsando proyectos a través de Gestiona, pese a la inviabilidad de los mismos ante la situación financiera real que atravesaba la firma.

Durante el mandato del PP de Beneyto en Albaida (2003-2011), la empresa pública asumió numerosos gastos derivados de planes inmobiliarios y de promoción de viviendas, como los de la Font de la Vila, Salvem les Vistes o Albaida Humida, proyectos fallidos que nunca llegaron a consumarse.

El gobierno de Josep Albert (Compromís) liquidó la empresa pública el pasado año 2021, tras llegar a un acuerdo con la Sareb para saldar una deuda pendiente de 2,3 millones, a cambio de ceder al llamado «banco malo» el edificio de la promoción inmobiliaria fallida de la Font de la Vila y de abonarle 300.000 euros.

Las cuentas que presentó Gestiona -con Beneyto al frente del consejo de administración- se habrían maquillado para camuflar su calamitosa situación económica. Así, no se contabilizó un agujero de alrededor de 400.000 euros del Plan Urbanístico del polígono industrial Sandón ni un abultado importe adeudado en concepto de impuestos, lo que permitió a la empresa pública declarar beneficios que en realidad eran ficticios.

Con estos números y otras artimañas, Gestiona esquivó la suspensión de pagos hasta que en 2011 accedió al gobierno municipal el bipartito formado por el PSPV y Compromís y solicitó una auditoría de las cuentas de la firma, que acabó declarándose en concurso de acreedores antes de poder liquidarse, después de un largo proceso plagado de obstáculos.

Compromís pide la expulsión del PP de los condenados

En un comunicado emitido este jueves, Compromís ha señalado como "insuficiente" la condena y ha pedido al actual alcalde del municipio, Juan Carlos Roses, la expulsión inmediata del Partido Popular tanto de Juan José Beneyto como de Roberto Sala. Además, recalcan que la ciudad de Albaida "estará pagando durante más de 20 años la mala gestión del anterior gobierno de los populares en el consistorio".

La gestión del PP dejó un agujero de 20 millones de euros en las arcas municipales, según recuerda Compromís

Los valencianistas recuerdan que fueron ellos quienes iniciaron las acciones judiciales por la quiebra de Gestiona cuando accedieron a la alcaldía en 2011. "Con esta sentencia se confirma que la gestión del ayuntamiento durante el gobierno del popular Juan José Beneyto fue un verdadero desastre para el consistorio y para el pueblo de Albaida, una gestión que dejó casi 20 millones de euros de deuda a las arcas municipales", afirman. En Compromís ven probado que Beneyto y su equipo "efectuaron falsedad documental para intentar tapar su mala gestión e intentar salvar los muebles en las elecciones del 2011".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida por los condenados. Cuando se abrió juicio oral, en 2022, la Fiscalía solicitó para ellos 2,5 años de prisión, pero finalmente la petición de pena se ha visto modificada.