Unos árboles de copa alta con una poda singular, muy llamativa, sobresalen en medio de los campos de naranjos. El acceso, en fincas valladas, es complicado para los agentes ambientales o los miembros del Seprona. Los colectivos conservacionistas, sin embargo, no dudan de que en estas elaboradas estructuras verdes se sigue practicando el parany. Las ramas están impregnadas de liga o un pegamento industrial. Atraídas por reclamos, las aves migratorias se adentran y ya no hay salida posible porque se trata de un método de caza no selectivo.Aunque perseguido penalmente desde 2013, una reciente sentencia del Supremo, favorable en parte, ha vuelto a alimentar el debate entre defensores y detractores. «El fallo judicial supone un paso atrás para un tema que estaba resuelto», destaca a Levante-EMV Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. La decisión de la sala segunda del alto tribunal aprecia que la técnica del parany no siempre debería considerarse como delito, aunque sea ilegal. Algo en lo que no está de acuerdo Vercher, de ahí que haya instado a todos los fiscales del país especializados en temas ambientales a estrechar el cerco sobre los que incumplen la normativa vigente.
«La costumbre, o la tradición, no son argumentos racionales para mantener una práctica que atenta contra poblaciones de aves protegidas y en declive». La reflexión parte de Mario Giménez, delegado de SEOBird/Life en la Comunitat Valenciana. «No se puede hacer bandera con eso y menos esgrimir que era algo que nos iba a quitar Bruselas como hicieron en su día algunos políticos y los paranyers», incide. Y va más lejos al recordar que la sociedad «ha evolucionado en otra dirección». Lo cierto es que solo empezó a reducirse está práctica cuando se persiguió por vía penal. Pero según SEOBird/life, en 2014 aún había un 45 % de paranys activos, especialmente en la provincia de Castelló.
Aunque las cifras son ahora muy bajas, la voz de alerta la dio hace unos meses la asociación ambientalista alemana CABS (Commitee Against Birds Slaughter) en España. Junto a GER-Ecologistes en Acció y Gecen, denunciaban la existencia de alrededor de cien puntos en la Comunitat Valenciana, ochenta de ellos en Castelló. Corría el año 1998, hace apenas dos décadas, cuando se concedieron 3.831 autorizaciones en la Comunitat Valenciana para cazar con parany. En 2009, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaba a España por permitir el silvestrismo, aún se aprobaron 2.080 permisos solo en Castelló. Cifras que ofrecen una idea de la raigambre de este sistema que utiliza productos que «afectan negativamente al estado de conservación del plumaje». En definitiva, a la supervivencia de jilgueros, pardillos, verdecillos, pinzones, verderones, canarios o luganos. Así lo dictaminó en su día la Directiva de Aves.
La asociación de paranyers Apaval, presidida por Miguel Ángel Bayarri, no desiste en conseguir que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica autorice pruebas con el llamado «cesto malla» como alternativa, especialmente tras la sentencia favorable dictada este verano por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El departamento de Mireia Mollà asegura que cumplirán con el fallo, especialmente para poder tener una respuesta, aunque sin fecha concreta para empezar con los ensayos tal como reclama el sector. Los grupos ecologistas, sin embargo, tachan de «invento y ocurrencia» la alternativa planteada por los paranyers, pues consideran que tampoco es selectiva, aunque los pequeños pájaros no se queden pegados y puedan soltarse a posteriori.
"La costumbre no es un argumento racional para mantener una práctica que atenta contra poblaciones de aves protegidas y en declive"
Costumbre tumbada en los tribunales
La costumbre, esgrimida por los paranyers y alentada por partidos como el Partido Popular antes y ahora Vox, fue tumbada una y otra vez en los tribunales. Incluso cuando las Corts modificó en 2009 dos artículos de la ley de Caza autonómica para permitir la regulación amparándose en una costumbre histórica. El Gobierno interpuso entonces un recurso de inconstitucionalidad, que finalmente ganó en 2013. Desde entonces, esta práctica es penalizada. «Es ilegal», enfatiza Vercher, «por más que desde diferentes sectores sociales volcados históricamente en este tipo de actividades se intente hacer ver lo contrario». El fiscal, además, recuerda que la situación de muchas de estas especies «es francamente delicada y compleja». El elevado índice de mortandad que implica lo corroboran múltiples estudios científicos, según Fiscalía.
Giménez lamenta, como Vercher, que el Supremo avive de nuevo una polémica que empezaba a superarse. «Es sembrar la duda cuando ya había un criterio unificado, sería volver a la situación de hace muchos años y que es claramente nociva», defiende. «En una economía basada en la subsistencia y la autosuficiencia, capturar animales como los pájaros era una manera de completar dietas pobres en proteínas, cosa que ahora ya no tiene ningún sentido», recuerda Giménez.
