Algarrobos centenarios salpican el paraje de la sierra de Chiva donde muy cerca se proyecta una instalación fotovoltaica a gran escala. Sus troncos enroscados y ramas poderosas, como brazos de titanes, resisten el paso del tiempo imperturbables. Ajenos a debates que se dirimen con terminología de reciente cuño como transición ecológica, transformación energética o negocio verde. No hay conversación en la que en los últimos meses no se cuelen términos similares, trufados además de palabras como sostenibilidad o resiliencia. La obligada descarbonización a la que ha conducido el calentamiento global anticipa una auténtica revolución en el modo de producir energía, que pasa por la explotación de sectores como el fotovoltaico o el eólico. Una oportunidad de futuro, defienden algunos, un problema para otros y una necesidad para reducir las emisiones a la atmósfera que han desembocado, ya, en un preocupante escenario de emergencia climática. Desde Castelló hasta Alicante, pasando por el interior de València, distintos promotores se han lanzado a comprar terrenos ofreciendo hasta 2.500 € por hectárea arrendada. Un alivio en puntos del territorio donde la actividad agrícola apenas es rentable.
Llombai, un municipio que ronda los 3.000 habitantes en la Ribera Alta, es de los que no quiere dejar pasar de largo a este particular Mister Marshall de las renovables. Al menos no su alcalde, José Forés. Varias empresas han mostrado interés en desplegar paneles solares en una zona, la partida de la Malà, que el mandatario popular califica de «deprimida» e ideal por ello para este tipo de iniciativas. «La orografía del terreno es la idónea, muy plana y sin lomas o montañas que proyecten sombra», explica. Los cultivos, con árboles de secano, están prácticamente abandonados. De ahí que la idea le parezca «muy positiva». «No contamina, no emite gases de efecto invernadero, puede generar empleo local, es desarrollo sostenible y ambientalmente es bueno, se mire como se mire», destaca. Forés, además, hace hincapié en la inyección de ingresos, muy importante, que puede suponer esta apuesta. Eso sí, deja clara una premisa: «Si se tratara de un enclave natural de alto valor no estaría a favor». En este punto incide en que todos estos procesos han de cumplir siempre las «máximas garantías». «Hay que velar para que todo sea correcto», recalca.
Alternativas al cierre de Cofrentes
Ayora, Zarra y Jarafuel, como Llombai, aguardan el desarrollo de la energía solar como el maná. A nadie se le escapa que en un horizonte no tan lejano el cierre de la central nuclear de Cofrentes, a veinte y pocos kilómetros, marcará el futuro de la comarca. De ahí que José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, argumente la necesidad de buscar cuanto antes alternativas, nichos laborales y de ingresos, porque los estragos de la actual crisis sanitaria no desaparecerán con el fin de la pandemia. Desde hace unos tres años su consistorio viene trabajando para suplir la ausencia de la nuclear y hacerlo «de forma ordenada, sin afección ambiental». «Se trata de iniciativas muy integradas y que no van a ocupar el 100 % del territorio, va a darse una convivencia con la vegetación y la ganadería porque así lo hemos exigido», expone. «Alrededor habrá plantación de aromáticas que servirán a la apicultura de la zona. Esto no va a ser un mar de placas y además las líneas de evacuación irán soterradas», remarca convencido.
Cinco son las propuestas que hay sobre la mesa y aunque a nivel de empleo no serán el equivalente de Cofrentes, sí generarán unos recursos económicos nada desdeñables en forma de Impuesto de Bienes Inmuebles o Impuesto de Actividades Económicas. Sabe bien de lo que habla, pues las eólicas suponen para las arcas municipales cerca de medio millón de euros al año. «Todo eso lo puedes invertir en las personas y además se ha llevado a cabo un estudio de la fauna y los terrenos a preservar», manifiesta. Para Anaya, este cambio energético ha de servir como herramienta para luchar contra la despoblación y tratar de arraigar en su entorno a las personas. A modo de ejemplo, se retrotrae al pasado para recordar la incertidumbre que supuso la irrupción del ferrocarril en el siglo XIX. «Para muchos era el demonio», ironiza. Ahora, paradójicamente, el tren es paradigma de vertebración y movilidad sostenible.
Algunas voces discrepantes
Frente a los brazos abiertos de Anaya y Forés, aparecen voces discrepantes como la de Emilio Morales, alcalde de Chiva por Compromís. No es que Morales esté en contra de las renovables, que considera prioritarias en la actual coyuntura. Pero sí muestra su más firme oposición a que algunos desarrollos vayan a tener una derivada negativa en parajes de alto valor agrario y ecológico con una importante producción de vides o almendros. De ahí que de los siete proyectos presentados, algunos con toda la tramitación en marcha, presente reparo a dos. Pero la oposición a estos últimos es tal que incluso se ha constituido una plataforma vecinal. «Estamos a favor de las energías alternativas, claro que sí, pero algunas dimensiones nos parecen desproporcionadas y un tanto abusivas», apunta. «Lo que pedimos al ministerio es que los municipios podamos hablar, que se nos escuche y expresar nuestro posicionamiento», esgrime. Entre los pasos que ha dado la corporación está la revisión de sus normas urbanísticas para regular el uso de parcelas rústicas o enviar un listado con hasta 150 algarrobos que según Morales merecen estar catalogados como árboles monumentales. Las 46 islas de paneles desplegados a lo largo de 400 hectáreas se traducen, según sus palabras, en un «enorme impacto visual».
El proyecto que Falck Renewables prevé realizar en Chiva es el primero de esta compañía italiana en la Comunitat Valenciana. La fase inicial está prevista que comience a operar en 2022. Sus 400 hectáreas de ocupación se dividirán en dos proyectos diferentes con potencia de 100 y 80 MW cada uno, aunque en el mismo emplazamiento y una única línea de evacuación. Algo que favorece la afección paisajística según la explicación que facilitan a Levante-EMV.
«La ubicación ha sido elegida tras rigurosos análisis in situ realizados por expertos independientes y por la clasificación que proporciona la herramienta de zonificación ambiental para energías renovables del ministerio y de la Generalitat, que identifican los terrenos más propicios», aseveran. Reiteran, además, su compromiso «para prevenir, reducir y corregir, en su caso, cualquier impacto ambiental que pudiera producirse».
Lo cierto es que la ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada hace dos semanas por el Congreso de los Diputados establece que en 2030 el 45 % de la energía generada en España ha de tener su origen en las renovables, así como el 74 % de la electricidad. Algo que implica necesariamente el despliegue de grandes megaparques solares o de aerogeneradores. La futura normativa autonómica transita en la misma dirección, con hasta 12.000 hectáreas consideradas como de desarrollo prioritario. Consciente de que el trámite legislativo aún se alargará, el Botànic sacó adelante el pasado mes de agosto un decreto ley con medidas para avanzar en esa senda, impulsado por las conselleries de Economía Sostenible, Política Territorial y Emergencia Climática y Transición Ecológica. El objetivo es multiplicar por 16 la energía solar y por 4 la del viento.
A Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, le inquieta que este boom de las fotovoltaicas acabe derivando «en un fenómeno incontrolado, en una carrera en la que nadie quiere quedar el último». Especialmente cuando las licencias para explotaciones de más de 50 Mw las otorga un órgano ministerial y no una administración más próxima, como la autonómica. Aún así admite que las propuestas que están analizando no ocupan parques naturales, ni puntos de la Red Natura 2000 como Zonas Especiales de Conservación o de Especial Protección para las Aves. «La mayoría están muy bien elaboradas, porque no quieren tener problemas y bordean pero respetan los espacios protegidos, por lo que es difícil presentar unas alegaciones que vayan a prosperar», afirma. En otros casos, al tratarse de parajes considerados solo de relevancia regional, como Les Alcusses o Fontanars dels Alforins, la historia se complica.
La defensa de esta particular Toscana valenciana, con un mosaico conformado por viñedos y masías históricas, ha movilizado a los ayuntamientos de Moixent y la Font de la Figuera hasta el punto de anunciar revisiones en sus planeamientos urbanísticos para frenar el despliegue de fondos de inversión. Incluso la Denominación de Origen Valencia se ha posicionado en contra, aunque la Unión Española Fotovoltaica, que representa al 90 % de los promotores de parques solares, apuntaba en las páginas de este periódico que unos trescientos propietarios ya han firmado el arrendamiento de sus tierras.
Acció Ecologista Agró-Bosc Viu envió hace unos días una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, para reclamar una normativa más estricta con estos complejos industriales en el medio natural. «La simplificación y agilización de trámites se puede convertir en una peligrosa disminución de las cautelas ambientales y sociales, que está generando ya conflictos e impactos indeseables en varias comarcas», expone el colectivo conservacionista. Situación que la consellera Mireia Mollà no se cansa de repetir que no ocurrirá porque el Consell estará «vigilante». Agró Bosc-Viu critica también que todas estas infraestructuras se ubiquen lejos de las grandes ciudades, punto mayoritario de consumo, «desaprovechando polígonos industriales y áreas periurbanas degradadas o muy antropizadas».
Adecuada ordenación territorial
Elisa Díaz, diputada del Partido Popular en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Corts, echa en cara al Botànic la «lentitud» en la gestión de autorizaciones, lo que está propiciando la aparición de megaplantas que buscan la vía ministerial, más rápida en su opinión. «Aquí hay una enorme falta de agilidad por parte del gobierno de Puig a pesar del decreto ley que aprobaron en agosto de 2020 y que no ha servido de nada». En lo que respecta al despliegue de las renovables, una propuesta de Compromís y Unidas Podemos en el Senado aboga por que estas «deben llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial». Desconfían sobre todo de aquellos procesos especulativos que lejos de ayudar a revertir la despoblación ocasionan daño forestal y no reportan beneficios económicos allí donde los acogen. Sin embargo, para Marcos Lacruz, presidente de la patronal energética Avaesen, la instalación de los parques fotovoltaicos es perfectamente compatible con la protección ambiental. Solo reclama a la administración autonómica «celeridad y personal» para facilitar la transformación verde.
