El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona ha exigido al Ministerio de Fomento que renuncie a la creación del fondo de accesibilidad terrestre, con el que se pretende recaudar 100 millones de euros, a través de los puertos con beneficios como es el caso del enclave catalán, entre otros y que supondría una contribución del 50 % de su resultado neto. Este fondo servirá para financiar infraestructuras ferroviarias y carreteras de accesos para los 28 puertos de interés general y que tutela Fomento. Los miembros del consejo han rechazado la medida que Fomento prevé impulsar mediante un decreto ley por ser «incompatible con los principios de autonomía funcional y de gestión que deben regir el ejercicio de las Autoridades Portuarias y con la libre competencia entre los enclaves de interés general», según informó la entidad que preside Sixte Cambra.
Desembolsar la mitad de las ganacias supondría, en el caso del puerto de Barcelona, aportar 37,3 millones de euros, ya que en 2013 registró unas ganancias de 74,6. En el caso de Valencia la aportación sería menor. En 2013, la APV (que gestiona los puertos de Valencia, Gandia y Sagunt) obtuvo un resultado de 6,9 millones de euros. El president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado que va a «batallar» para que el Ejecutivo de Rajoy dé marcha atrás a su proyecto de crear dicho fondo.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia reclamaba ayer al término del consejo que dicho proyecto financiero sirva para financiar accesos terrestres a puertos españoles con base en criterios de «máximo sentido común y económico» y vaya a parar a aquellos que aportan mayor competitividad al comercio exterior. El de Valencia aglutina el 45 % de los contenedores de importación y exportación de España. No quiere que el fondo sea «café para todos».
