Los dos peritos del Banco de España designados por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia a instancias de la querella de UPyD, han puesto a los pies de los caballos a los entonces responsables de la entidad cofundada por Bancaja al concluir en su informe sobre el estado del banco ante su salida a Bolsa en julio de 2011 que las cuentas de la institución financiera y su matriz BFA del citado ejercicio «no expresaban la imagen fiel» de ambas entidades. Dicho de otro modo, que los principales dirigentes de BFA/Bankia en aquel entonces, capitaneados por Rodrigo Rato desde la presidencia y José Luis Olivas desde la vicepresidencia, ocultaron a los futuros inversores el estado real de la entidad.

Bankia captó con aquella operación unos 3.000 millones de euros, en una parte considerable colocados en el tramo minorista, es decir, entre clientes y empleados. La entidad presentó unos beneficios de 309 millones en aquel año. Sin embargo, tras su intervención en mayo de 2012, la destitución del consejo de administración y la sustitución de Rato por José Ignacio Goirigolzarri las ganancias se transformaron en pérdidas de 3.000 millones. El banco tuvo que pedir ayudas públicas por un valor cercano a los 20.000 millones y la entrada del FROB en el capital diluyó la participación de los accionistas, que perdieron toda su inversión.

Las conclusiones del informe pericial desmontan en buena medida la defensa de los exgestores del banco. Así, «los administradores y directivos del grupo tenían capacidad y experiencia para interpretar los datos y extraer conclusiones sobre el deterioro de los activos inmobiliarios», origen de una parte sustancial de los problemas, entre otros motivos porque su toxicidad no fue reconocida para no tener que hacer dotaciones que abocaran al banco a las pérdidas. «Si alguien podía conocer el deterioro de los activos inmobiliarios eran los empleados de Bankia, que llevaban décadas gestionando préstamos a promotores e hipotecas de particulares», añade el informe, en referencia a que los gestores del banco procedían en aquel momento en su casi totalidad de las cajas que lo conformaron en junio de 2010, entre ellas Bancaja y Caja Madrid.

Al cierre del primer trimestre de 2011, cuando dio la última información de sus estados financieros intermedios antes de debutar en los mercados, Bankia dio un resultado positivo de 64 millones en ese período, pero diversos «errores contables» no contabilizaron un ajuste de 928,83 millones que, de haberlo hecho, habrían provocado unas pérdidas de 864 millones. El citado documento no cumplía la normativa del Banco de España, pero fue incluido en el folleto de la oferta pública de suscripción de acciones, según el informe de los peritos.

Por tanto, la entidad financiera entonces presidida por Rodrigo Rato llegó a la puerta de los inversores con unos resultados que no reflejaban su realidad contable, pero, además, actuó de forma irregular en el proceso de comercialización. Así, los expertos del Banco de España aseguran que «la fijación del precio de la salida a bolsa no fue un modelo de concurrencia, pues se realizó en base a las ofertas de 29 grupos económicos [entre ellos los principales bancos y grandes empresas españolas], algunos incluso con relaciones de dependencia respecto al grupo BFA», como la aseguradora Mapfre. Además, «se han detectado compras inexplicables, realizadas por acreditados [clientes] con riesgos refinanciados y retrasos generalizados en el pago de sus cuotas», así como «ventas inmediatas tras la salida a bolsa, que ponen en duda el interés real de algunos inversores». Además, Bankia asumió 26 millones de las pérdidas registradas por la participación de Corporación Gestamp adquirida en la operación.

Por si todo esto fuera poco, los 3,75 euros por título fijados para la salida a Bolsa suponían un descuento sobre el valor contable del 74 %, lo que volvió «inviable a BFA, al romper el grupo fiscal y dañar la recuperabilidad de sus cuantiosos activos fiscales y al causar una gran pérdida del valor de su participación en Bankia, en perjuicio de sus accionistas y acreedores, principalmente los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, así como el propio FROB». De todo lo sucedido «no puede alegarse desconocimiento, porque Bankia tenía la información necesaria para establecer la correcta valoración de los activos».