El próximo lunes expira el mandato de cinco años del actual presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, Francisco González Castilla. Y, según señalan desde la conselleria, seguirá en funciones, no se sabe cuánto tiempo, ya que en estos momentos no se ha elegido sucesor.
Se trata de un cargo a elegir por el conseller vía resolución, en aplicación del decreto de 2012 por el que se crea la Comisión de Defensa de la Competencia. En pleno periodo de recortes del gobierno de Alberto Fabra, la Conselleria de Economía suprimió el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia para aligerar gastos, y se creó este órgano de mínimos, con un presidente y dos vocales, que no disponen de exclusividad, y elegidos por cinco años y sin posibilidad de renovación.
Llegados a este punto, sin embargo, la conselleria no ha escogido sucesor y de momento González Castilla, profesor titular de Derecho Mercantil de la UV, y las vocales María José Vañó y María Estrella Solernou se mantendrán en el cargo temporalmente. No es una medida extraordinaria. En estos momento el titular de la entidad que vela por la competencia en Galicia está en funciones. Y en Cataluña también lo estuvo.
Informes críticos
Sin embargo, en aquellas comunidades, como también en el País Vasco y en Andalucía, el órgano está suficientemente dotado en lo económico y, sobre todo, con personal. Como ya contó este diario, el tribunal andaluz cuenta con 40 funcionarios mientras que en València solo dos funcionarias están disponibles para instruir las investigaciones de este órgano encargado de luchar contra los cárteles.
La mejora de las condiciones es precisamente una de las peticiones que ha reiterado el actual presidente en diversas ocasiones. De todos modos, y pese a la limitación de medios, este órgano autónomo, independiente de la CNMC y adscrito administrativamente a la Conselleria de Economía, ha terciado en los principales debates de la Generalitat en los últimos meses. Entre ellos, en el de alquiler de pisos turísticos o las gasolineras sin personal, con informes críticos con las posiciones defendidas por la Generalitat.
