El juicio contra tres directivos y exaltos cargos de Unión Naval Valencia SA -propiedad del armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda- quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y reclamó para cada uno de los acusados dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad y otros cuatro años a cada uno por el delito continuado de estafa, además de 18.000 euros de multa, por el desvío de 354.695 euros de fondos europeos para formación de trabajadores a pagar gastos de la compañía como la limpieza de buques. O, como alternativa, 7 años de cárcel por tres fraudes de subvenciones en concurso con el delito de falsedad en documento mercantil (antes sólo reclamaba cuatro años).

Para el fiscal «ninguno de los tres acusados se llevó el dinero a su bolsillo, pero sí fue una forma de obtener financiación para la empresa porque la situación económica [en 2008, 2009 y 2010 cuando se produjeron los hechos investigados] no era buena y necesitaban conseguir crédito». La sección segunda de la Audiencia de València impidió que se investigara a otras empresas del Grupo Boluda (alrededor de un centenar) por lo que la investigación tuvo que ceñirse a Unión Naval Valencia SA que, según el Ministerio Público, «mantuvo una facturación doble durante tres años». Para la Fiscalía «el astillero estaba en quiebra y necesitaba dinero. Para eso elaboraron todas estas facturas mendaces porque su única idea no era dar cursos de formación, sino obtener dinero». Por eso, concluyó, «esto más que un fraude de subvenciones era una estafa, porque jamás se pensó en dedicar el dinero de las ayudas a cursos de formación». La Abogacía del Estado se sumó a la petición de condena y las acusaciones realizadas por el Ministerio Público.

Por el contrario, para las defensas de los tres acusados y de Unión Naval Valencia SA (responsable civil subsidiaria de la subvención presuntamente defraudada) no existen pruebas suficientes para demostrar la existencia de la supuesta trama denunciada por la Fiscalía. El abogado de exdirectora general de Unión Naval, Alicia M. G, recordó que la exdirectiva ya no trabajaba en Unión Naval Valencia en el momento de los hechos y que «ningún testigo la ha involucrado». El letrado ironizó con la presunta cantidad defraudada. «Se nota que ninguna acusación ha gestionado empresas que facturan 500 millones de euros al año. El Grupo Boluda, formado por cien empresas, tuvo 23 millones de beneficio en 2008» por lo que no precisaba defraudar 354.695 euros. El abogado del actual director de recursos humanos del Grupo Boluda, Francisco T. H. volvió a acusar al denunciante de la causa de coacciones. Los letrados de Luis Antonio M. A. G., director de factoría en 2008, y de Unión Naval negaron la responsabilidad penal por los hechos enjuiciados y defendieron que «como mucho existe una responsabilidad administrativa que conllevaría una sanción y la devolución de la subvención». El letrado de la empresa acusó al Fiscal de «sofista, saduceo y practicar la tautología» en su acusación.