Feria Valencia sigue sin despertarse de la pesadilla en la que se sumió hace casi ocho años cuando presentó un expediente de resolución de empleo (ERE) a un tercio de su entonces plantilla. Concretamente, 106 trabajadores. Un error burocrático del director general de Empleo de la Generalitat en aquel momento, Román Ceballos, dejó vía expedita a los afectados para tratar de recuperar sus empleos por la senda de los tribunales. Y lo consiguieron. A finales del año pasado, el Supremo les dio la razón y declaró nulo aquel expediente. Se abrió entonces un largo proceso para tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes que se suscribió el pasado agosto.
Pero, tal como explicó ayer a este diario el abogado de medio centenar de los afectados, Guillermo Llago, el pacto solo «afectaba al presente y el futuro, pero no al pasado». Dicho de otra forma, esos exempleados percibieron 600.000 euros en conjunto para desistir (36 de ellos) de las demandas que habían presentado contra la institución ferial por el proceso de readmisión y posterior despido (algunos de los afectados iniciales finalmente se quedaron) derivado de la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, del acuerdo quedó excluida la reclamación de una indemnización por los siete años que no trabajaron en Feria Valencia entre la aprobación del ERE en enero de 2011 y la citada sentencia del Supremo.
Esa es la nueva batalla que Llago y el medio centenar de personas a las que representa -los 36 del mencionado pacto y varios más que lograron recuperar su empleo en 2017- van a librar contra la institución y la Generalitat a partir del próximo lunes, según adelantó ayer a este diario el abogado. Después de analizar la jurisprudencia fijada por el Supremo, Llago ha decidido que las acciones para reclamar una nueva indemnización seguirán dos vías.
Doble vía judicial
Por un lado, presentará a principios de la semana que viene una demanda ante el juzgado de lo social de València contra la Feria al considerar que, «como aquellos empleados despedidos por el ERE no tuvieron derecho a salarios de tramitación, se ha producido un perjuicio». En consecuencia, va a reclamar que la institución les pague «los siete años que estuvieron sin cobrar entre la aplicación del expediente y su nulidad total declarada por el Alto Tribunal».
Por el otro, y de forma cautelar ante la eventualidad de que se les deniegue el acceso por la vía social que indica ahora el Supremo para resolver estas cuestiones, Llago presentará ante la Dirección General de Trabajo de la Generalitat una demanda por responsabilidad patrimonial contra la administración autonómica. Se trata de evitar un problema de jurisdicción. En el supuesto de que la vía administrativa citada no surtiera efecto, esta segunda demanda permitiría recurrir a los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Guillermo Llago explicó que en estos momentos está terminando de realizar las sumas del dinero que correspondería a cada uno de los demandantes. Aunque la cifra no es definitiva, en un cálculo aproximado estima que la reclamación a Feria Valencia y Generalitat podría situarse en torno a los 20 millones de euros. Cabe recordar que, además de los siete años, la plantilla ferial de aquella época y muchos de los que fueron incluidos en el ERE tenían unos salarios elevados. Baste decir que alguno de los que ahora reclaman otra indemnización a Feria Valencia podrían alcanzar los 600.000 euros por todo el período contemplado.
Un coste elevado
Se trata de unas cifras de auténtico mareo, sobre todo si tenemos en cuenta que Feria Valencia se encuentra en un proceso de reestructuración por el que la Generalitat se ha tenido que quedar su multimillonaria deuda y sigue debatiendo cuál será el modelo final de la empresa, es decir si con mayoría pública o privada. Endeudarla en otros 20 millones, si los tribunales vuelven a dar la razón a los extrabajadores, sería una pésima noticia para la institución y para la llegada de inversores del sector. La anulación del ERE ha tenido para la entidad ferial un coste aproximado de dos millones de euros, incluidas las indemnizaciones últimas. Como había realizado en 2016 y 2017 unas provisiones totales de unos tres millones en sus cuentas para este fin, en términos contables tendrá un excedente cercano al millón. En total, el ERE, como auguró en las Corts su director general, Enrique Soto, podría rondar los cinco millones de euros.
