El Tribunal Supremo acordó ayer que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
Tras dedicar 16 horas durante dos días de discusión, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo decidió por 15 votos contra 13 rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.
En las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el Alto Tribunal recupera el criterio vigente hasta hace tres semanas, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.
En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, la sala de lo Contencioso del Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.
El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala, Luis Maria Diez Picazo, a convocar un pleno que comenzó el lunes y que se ha prolongado durante cerca de 16 horas.
La decisión del Tribunal Supremo de corregir su doctrina reciente y cargar a los clientes el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de hipotecas ha librado a las comunidades autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros, correspondientes a los créditos suscritos desde 2014. Con independencia del impacto que podría haber repercutido sobre el sector bancario, ayer mismo, Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones autonómicas, en un escenario de retroactividad fiscal que finalmente no ha sido reconocida por el alto tribunal. En la Comunitat Valenciana la factura habría sido de 361 millones.
El Gobierno prevé fijar mañana su posición sobre la decisión del Tribunal Supremo tras analizar con detenimiento esta resolución. Fuentes del Ejecutivo se limitaron a informar de que el Gobierno va a estudiar el impacto de esa decisión y fijará su posición en la reunión del Consejo de Ministros del jueves.
Unidos Podemos llamó ayer a llevar a cabo una «gran movilización cívica» en protesta por la decisión del Tribunal Supremo. La formación liderada por Pablo Iglesias denunció que la «independencia» del Supremo ha quedado en «entredicho».
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que el Tribunal Supremo debe tener «razones poderosas» para «contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario» con su decisión sobre las hipotecas y considera que el daño hecho a la justicia es irreparable.
«Si se hubiera gestionado bien desde el principio no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos, y ahora esta frustración», señaló el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega. JJpD augura no obstante que todavía queda por delante «un largo camino» y que los consumidores recurrirán a la justicia europea. A la espera de conocer y estudiar los argumentos que esgrime el Supremo, insiste el portavoz, es de esperar que sean «suficientemente convincentes para rebatir los argumentos de los especialistas».
La asociación judicial ya pidió la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, por su «nefasta gestión» del caso al abocar este asunto a pleno el día después de que se conociera la sentencia en la que se establecía que eran los bancos los que debían asumir el impuesto.
