La Sección Cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha asestado un contundente golpe en la defensa del expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, al desestimar el recurso presentado por este contra su procesamiento en el caso Grand Coral, una operación en México que presuntamente causó un agujero de 750 millones a las dos citadas entidades. Olivas recurrió por tres motivos: la fase de instrucción estaba inconclusa, no hubo perjuicio económico y él ejercía una presidencia no ejecutiva, es decir, que no participaba de la gestión directa del grupo Bancaja y que se limitaba a aprobar o rechazar en el consejo las operaciones que presentaban los directivos.
Pero ese argumento, que no convenció a la jueza instructora, Carmen Lamela, tampoco recibe el aplauso de la citada sala. Justo lo contrario. «El auto describe la presunta participación del recurrente, por cuyo cargo al frente de las entidades financieras desde las que a tenor de dicha resolución se favorecieron los proyectos en México no se pude decir que fuera ajeno a los acontecimientos analizados», aseguran los tres magistrados que firman el auto, que añaden que «el hecho de que fuera presidente no ejecutivo será una cuestión a dirimir en el juicio oral, toda vez que con poder ser cierto, dado la documental sobre este extremo indicada en el recurso, se afirma en el auto que las entidades presididas por Olivas fueron las financiadoras, lo que aconteció entre varios años, resultando increíble que no estuviera al tanto aquel, sino al revés, pues le incumbía presidir los consejos de administración en que se aprobaban las operaciones». Pero hay más, porque en «dicha resolución» se sostiene «que se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada, llevado a cabo por las dos entidades de las que el recurrente era su presidente, amén de la alusión a unos viajes de ocio en catorce ocasiones de los que resultó beneficiado Olivas». También recuerda la Audiencia que, gracias al «concurso de las entidades en las que Olivas era su presidente, sin que por ende estuviese al margen de los acontecimientos, se desencadenó el resto de lo acontecido que dio lugar al perjuicio igualmente relejado».
La desestimación del recurso es más significativa si cabe por el hecho, adelantado por este diario el pasado viernes, de que esta misma sala ha estimado los recursos interpuestos por dos exconsejeros de Bancaja que compartieron cargo con Olivas y los ha desimputado al entender, dicho de forma somera, que no tenían vinculación con los principales acusados -entre ellos, los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó- y que se limitaban en el consejo a aprobar las operaciones que previamente pasaban el control del comité de riesgos. Para esos dos exvocales, como los restantes 21 exconsejeros de la caja, la Fiscalía les pedía dos años de cárcel y participar en una fianza solidaria, junto a varios exdirectivos y empresarios, de 392 millones de euros. Fuentes jurídicas creían que Olivas, para quien la fiscalía exigía seis años de prisión y su participación en una fianza solidaria de 639 millones, podría librarse de parte de la primera petición y de la segunda por su condición formal de presidente no ejecutivo, si bien en la práctica sí ejercía como tal. El expresidente de la Generalitat había compartido con los 23 exconsejeros imputados parte del argumentario. Pero la Sección Cuarta no lo ha visto así.
Perjuicio
Además de la cuestión de la presidencia, la sala de lo penal también se pronuncia respecto a la alegación del ex máximo responsable de Bancaja de que no hubo perjuicio económico. Dice la resolución que «se rebate convenientemente dicho parecer, tanto en el auto recurrido en tanto que sostiene justamente lo contrario así como el escrito en nombre de Bankia Hábitat, debiendo dilucidarse en el seno del juicio oral este controvertido extremo».
El auto de la Sección Cuarta refleja que al recurso presentado por Olivas contra su procesamiento y el de otros 47 imputados por esta causa el pasado julio -el sucesor de la jueza Lamela decretó la apertura de juicio oral este noviembre- se adhirieron el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y el consejero en la misma en representación de CC OO, Ernesto Pascual. No obstante, la resolución, en su parte dispositiva, solo hace referencia al expresidente de la Generalitat.
