El consejo de administración presidido por Aurelio Martínez, del que forman parte empresarios, dirigentes de instituciones del Estado, sindicatos y los alcaldes de València, Joan Ribó, y de Sagunt, Quico Fernández (ambos de Compromís), quiere adjudicar cuanto antes, «posiblemente antes de verano», las parcelas de la zona de actividades logísticas (ZAL). Ese es el propósito de la entidad portuaria que se enfrenta de nuevo a la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado el pasado 20 de febrero contra el decreto del Consell que aprobaba el plan especial de la ZAL y contra las determinaciones del Plan d'Acció Territorial de la l'Horta que afectan también a la ZAL. Esta admisión a trámite viene a reforzar algunos argumentos aducidos por la plataforma Horta és Futur, no a la ZAL, representada por la asociación Per l'Horta.
Sea como fuere, Martínez sostiene que la oferta de empresas es «creciente» y, tal como estaba previsto, se sacarán todas las parcelas a la vez para su venta, excepto dos en manos de la sociedad estatal Sepes. La nueva tramitación de la ZAL , de 600.000 metros cuadrados, se retomó como consecuencia de la anulación por sentencia del Tribunal Supremo (en junio de 2009). Ahora, casi el 50% de la superficie del ámbito de actuación de la ZAL se dedicará a carriles bici, viales públicos, pasarelas verdes peatonales y a zonas de esparcimiento.
Además, la APV también aprobó ayer sacar a concurso público una zona de actividades logísticas que desarrolló la extinta sociedad Plisa -de Ros Casares y Thyssen- en el Puerto de Sagunt. Requiere una inversión mínima de 4 millones de euros.
