La lucha contra el fraude en la contratación a través de la Inspección de Trabajo ha permitido regularizar 21.500 empleos en los últimos 10 meses, y en 18.500 de estos casos los contratos laborales se han convertido en indefinidos.
En un comunicado, el director general de Trabajo, Gustavo Gardey, ha informado de que entre agosto de 2018 y junio de este año, se han dado de alta tras inspecciones a 11.631 mujeres y 9.518 hombres, y se han detectado 351 infracciones a empresas por tener a trabajadores extranjeros de manera irregular.
Asimismo, se ha llevado a cabo una campaña de choque para luchar contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial que ha permitido que se amplíe la jornada laboral a 5.115 trabajadoras de la Comuintat, un 210 % más que el pasado año.
El director general de Trabajo y Bienestar Laboral, Gustavo Gardey, ha recordado que "uno de los objetivos de este Consell es combatir la economía sumergida y el trabajo precario y estos resultados demuestran la necesidad de continuar trabajando con la ITSS en esta dirección".
Asimismo, ha hecho un llamamiento para que la sociedad se conciencie sobre las consecuencias de la economía irregular: "la economía sumergida nos perjudica a todos", ha declarado el responsable de Trabajo que ha hecho hincapié en los efectos de un mercado de trabajo con empleo de calidad con condiciones de trabajo dignas, sobre las prestaciones sociales presentes y futuras y en general sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social.
Además, ha avanzado que el Consell se ha marcado como objetivo prioritario la puesta en marcha de un Observatorio de Trabajo Decente, con la finalidad de hacer un seguimiento continuo del mercado del trabajo, que detecte sus necesidades y corrija sus desequilibrios y ponga especial énfasis en combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral sobre todo en sectores concretos como el calzado o subsectores y colectivos como el de las camareras de piso, los repartidores u otros.
