La Fiscalía provincial de València ha cargado contra determinadas «prácticas empresariales fraudulentas que buscan ventajas económicas», como la contratación de nuevos trabajadores mediante la figura del «falso autónomo», e insta a los empleados a denunciar sus condiciones «ante la Inspección de Trabajo».
Así consta en un informe de la sección de siniestralidad laboral que el ministerio fiscal valenciano ha incluido en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE). En el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la Fiscalía advierte que ha detectado que «muchos accidentes laborales se podían haber evitado con una mayor coordinación empresarial, siendo además un factor de distorsión las ETT, que no ayudan en nada».
Solo en 2018, los fiscales contabilizaron 59 accidentes laborales mortales en la provincia de València, una cifra que supone un incremento del 18% -nueve casos más- respecto al ejercicio anterior-. El índice de incidencia se sitúa en el 3,9% por cada cien mil habitantes.
El informe explica que la mayoría de prácticas fraudulentas relacionadas con la seguridad laboral se centran «en profesiones liberales como transportistas, clara generadora de riesgos y accidentes».
La Fiscalía define el falso autónomo como el «trabajador que, a pesar de ser contratado como autónomo mediante contrato mercantil, desarrolla su actividad en las condiciones laborales de un trabajador por cuenta ajena, pero sin la protección de los derechos laborales y asumiendo ciertos costes como la cuota de autónomos».
Es decir, razona la Fiscalía, «si este trabajador está supeditado a las órdenes del empresario, a su horario, tareas, etc., faltaría la independencia que califica a un autónomo». Tal y como ha publicado este diario, la Inspección de Trabajo ha obligado a legalizar en el último año la situación de 600 repartidores en bicicleta en la Comunidad, conocidos como riders.
En definitiva , continua el informe, «parece que la contratación de un autónomo bajo las condiciones de un trabajador por cuenta ajena solo aporta ventajas para la empresa: no paga sus cuotas a la Seguridad Social - el propio autónomo lo realiza bajo su régimen-, no tiene vacaciones pagadas ni permisos retribuidos, no percibe un salario fijo ni pagas extraordinarias -sino pagos mediante factura, totalmente deducibles-, y en caso de extinción del contrato, no existe indemnización por despido ni prestación por desempleo».
«La realidad es que cada vez proliferan este tipo de falsos autónomos, arrastrados por la crisis, y tras el accidente, tenemos que desentrañar la realidad, a modo de levantamiento del velo», lamenta.
De los 59 accidentes mortales contabilizados en 2018, la industria manufacturera ocupa el primer lugar con 16 casos (21,1% del total). Le sigue la sección de transportes y almacenamiento con 10 casos (16,9 %) y la agricultura, pesca, ganadería con 7 casos (11,9%). El informe matiza que, de los 59 casos, «22 fueron patologías no traumáticas (cardiovasculares), 7 casos fueron accidentes asociados al tráfico y el resto, 30 casos, fueron accidentes traumáticos, que representan el 50,8 %.
