El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Grand Coral en México, que generó a Bancaja y al Banco de Valencia un agujero de 750 millones de euros, ha completado los trámites para el embargo a los exconsejeros de la entidad de ahorros por la fianza de 392 millones que les impuso en noviembre de 2018 tras dictar el auto de apertura de juicio oral. Las fuentes próximas a los citados exvocales consultadas por este diario aseguran que la mayoría de ellos no presentó, cuando fueron requeridos para ello el pasado mes de abril, la declaración de sus bienes, motivo por el cual la juez no pudo iniciar en ese momento el citado procedimiento, como sí sucedió con otros exconsejeros, tal como adelantó Levante-EMV.
Así las cosas, la juez tuvo que pedir un informe a la Agencia Tributaria con la información específica de cada uno de los exvocales. Con los datos en su poder, ya ha empezado a comunicar a los exvocales que se habían librado hasta ahora del embargo el inicio del procedimiento. A resultas del mismo, los afectados tienen que pedir permiso al juez para vender propiedades como una vivienda o un coche, en caso de que quieran hacerlo. Asimismo, tienen que presentar una justificación, con facturas, de los gastos que les son básicos para vivir, desde la luz a los seguros, pasando por el agua, el gas natural y la alimentación, para que el magistrado libere la parte que considere indispensable todos los meses de los ahorros e ingresos que tengan esos exconsejeros.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, es el tercer juez que se hace cargo de este caso. Su antecesora Carmen Lamela dictó la apertura de juicio a 48 personas, entre ellos el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y otros 22 exconsejeros, además de exdirectivos de la entidad y el Banco de Valencia y varios empresarios. La fianza que solicitó fue de 1.437 millones, aunque a los exvocales de la caja solo les corresponden los 392 ya citados. Las fuentes consultadas aseguran que, completado el trámite de los embargos, ahora solo falta fijar la fecha para que se celebre el juicio oral, aunque confían que un pacto de los empresarios Juan Ferri y José Baldó con la fiscalía les ahorre este trámite tal como ha sucedido en el caso Valfensal que afectaba a la CAM.
