El juicio por la salida a Bolsa de Bankia fue el asunto judicial con mayor repercusión del ámbito económico en 2019, un año en el que desfilaron por la Audiencia Nacional directivos de entidades como BBVA, el Popular -hoy parte del Santander-, Banco de Valencia o Caixanova. Tras 74 sesiones y cerca de once meses, el 1 de octubre quedó visto para sentencia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que sentó en el banquillo a 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Rodrigo Rato y el expresidente de Bancaja José Luis Olivas por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011. El fallo se conocerá, previsiblemente, en la primavera de 2020.

Sobre otra de las entidades financieras con plaza fija en los banquillos de la Audiencia Nacional, Banco de Valencia, quedó visto para sentencia el juicio sobre la mayor operación crediticia, 312 millones de euros concedidos al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa. En la macrocausa contra la excúpula de la entidad valenciana emprendida a instancias de los pequeños accionistas representados por Apabankval, el juez instructor Santiago Pedraz dio por concluida su investigación y emitió a principios de diciembre un auto de transformación abreviada, lo que implica el procesamiento de los acusados y el paso previo para sentarlos en el banquillo de los acusados. El magistrado acusa al expresidente José Luis Olivas, al ex consejero delegado Domingo Parra y a otros trece vocales del consejo de administración de cometer un presunto delito de falsedad contable en los ejercicios 2008 y 2009 que condujeron a la intervención de la entidad en noviembre de 2011 y a su posterior venta por un euro a CaixaBank tras una inyección de dinero público de 5.500 millones.

Al margen de los citados bancos, la otra firma financiera protagonista en los tribunales fue el BBVA por la investigación de las relaciones entre la entidad y el excomisario Villarejo, que habría realizado escuchas a empresarios y miembros del Gobierno, entre otros, especialmente durante el periodo en el que la constructora Sacyr quiso tomar el control de la entidad financiera. A lo largo del año han acudido a declarar varios de los que fueron máximos responsables del banco -imputado como persona jurídica-, como el ex consejero delegado Ángel Cano o el expresidente Francisco González.