El consejo de ministros presentó ayer una nueva modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la «lista negra» de prácticas desleales, el alcance de las sanciones y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero. El Gobierno examinó, en primera lectura, un anteproyecto de ley para modificar dicha normativa, con el fin de avanzar en los pasos para fomentar un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), según informó ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas.
El ministro comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo, que el anteproyecto «amplía los productos» afectados por la normativa, así como el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo, las relativas a las cancelaciones de contratos, y, además, «incorpora sanciones» a la Ley. El Ejecutivo ya modificó esta ley a principios de año, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, en todo el país, en las que denunciaron la crisis del sector y reclamaron precios justos por sus productos.
El anteproyecto se basa y traspone una directiva europea; establece que tendrá cobertura comunitaria cualquier transacción -entre los operadores de la cadena alimentaria- que en parte se haya producido en España. Recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros y amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas.
