El nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que prepara la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, elimina de un plumazo todo lo referido a la «elaboración del proyecto de ley de impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos». El tema no era baladí, ya que había generado gran preocupación entre el sector de las navieras debido al posible incremento de los costes de escala de los buques de mercancías en los puertos de interés general de la Comunitat Valenciana (Castelló, València, Sagunt, Gandia y Alicante) y contaba con el rechazo de plano de la Asociación Naviera y de la patronal autonómica CEV. Con todo, según constata el nuevo borrador del anteproyecto de ley de la conselleria de Mireia Mollà, el texto que finalmente sale a exposición pública suprime el impuesto sobre grandes barcos, tal como solicitaron los empresarios valencianos, entre otros motivos, «por no tener potestad la Generalitat para la creación de impuestos autonómicos sobre la actividad que se desarrolla en la zona de aguas de los puertos de interés general del Estado», explica la patronal presidida por Salvador Navarro en referencia a los recintos tutelados por Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad. En su exposición de motivos, la primera versión de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aseguraba que el impuesto sobre emisiones de grandes barcos debía establecer una cuota «en función de la base imponible y del tipo impositivo, que debe situarse en un valor estimado de 1.000 euros por tonelada de NOx (óxido de nitrógeno) durante las maniobras de atraque y durante la estancia del barco en el muelle».
Y los ingresos derivados del impuesto tendrían que destinarse a la dotación de un Fondo Climático. Además, del rechazo de la CEV, la Autoridad Portuaria de València asegura que no entraba en sus planes aceptar este posible impuesto y recuerda que los recintos de la APV, tal como contempla su plan de inversiones para electrificar sus muelles, «garantizará tener unas instalaciones energéticamente autosuficientes y descarbonizadas para alcanzar el objetivo de cero emisiones antes de 2030». El pretendido afán recaudatorio del Consell contrasta con la estrategia del Gobierno central en los grandes puertos españoles. De hecho, el presidente de Puertos del Estado, el castellonense Francisco Toledo, también ha abogado recientemente por impulsar el recorte de gastos de las navieras para impulsar el tráfico de mercancías. El impuesto a los grandes barcos que figuraba en la primera versión de esta ley de Cambio Climático en fase de elaboración no es el primer tributo que se queda en el cajón. El texto incluía una batería de impuestos verdes que ha quedado descafeinada tras la primera consulta pública con los empresarios. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el impuesto a grandes establecimientos comerciales por la contaminación de los desplazamientos en coche de sus clientes. La intención inicial era incluir también en este tributo a las tiendes de más de 1.300 metros cuadrados cuando están alejadas de los municipios. Esto impactaba directamente en los supermercados. Finalmente, ese punto de la ley ha desaparecido del texto, y solo se gravará a las grandes superficies de más de 2.500 metros por el número de coches que reciben en sus aparcamientos.
