La pandemia ha provocado una parada casi total en el turismo, pero la falta de visitantes no ha frenado la lucha de la Generalitat contra el intrusismo en el alojamiento. La consultora tecnológica Guadaltel, contratada por Turisme Comunitat Valenciana, está radiografiando el mercado de viviendas turísticas a través del estudio de las ofertas en las plataformas tipo Airbnb.
Sobre todo en aspectos como el cumplimiento de la nueva ley de Turismo, y que obliga a las web a incluir en los anuncios de estas viviendas su número de inscripción en el registro de la Generalitat.
En este sentido, y con datos de septiembre de este año, el 42,75% de los anuncios de viviendas de uso turístico muestran esa matrícula, es decir, que casi seis de cada diez, el 57,25% de las ofertas no cumplen aún con esta obligación. El registro es un número que los propietarios obtienen al presentar una declaración ante la administración. Además, desde la entrada en vigor de la ley de 2018, se ha de acreditar que la vivienda de uso turístico dispone del informe favorable de su ayuntamiento que ratifique que cumple con las normas urbanísticas de su ciudad. Esto abrió un debate en ciudades como València antes de la pandemia, acerca de en qué edificios o barrios podría desarrollarse este tipo de actividad; un debate que fue creciendo a medida que el fenómeno crecía en los centros urbanos y la convivencia entre vecinos y visitantes generaba conflictos.
Según los datos aportados por Guadaltel, en la autonomía hay en estos momentos 45.293 viviendas particulares en alquiler a través este tipo de plataformas (se han analizado 11). La consultora llega a esta cifra tras cribar los anuncios y descartar los que ofertan alquiler de una estancia. También se han descartado las ofertas de un mismo piso que se realizan a través de diferentes plataformas. De las casi 45.300 viviendas, 9.586 están en València; 5.005 en Castelló y la mayoría se sitúan en Alicante y Costa Blanca, con 30.702.
De todas ellas, todavía 25.930 viviendas o no tienen licencia o al menos no incluyen su número de registro en el anuncio. El 57,25%. Es un número elevado, pero si se pone en contexto, estas multinacionales digitales han comenzado a atender las exigencias de la administración. En enero de este año, por ejemplo, el porcentaje ascendía al 68,4%, con lo que en medio año ha crecido once puntos el número de anuncios que se publican de acuerdo con la normativa.
La evolución se interpreta en la administración como consecuencia de los esfuerzos contra el intrusismo tras años de pedagogía, pero también de apertura de decenas de expedientes sancionadores a estas plataformas, así como las sentencias ganadas en los tribunales.
Además, cabe recordar que la última ley de Turismo ha elevado de forma notable las sanciones, hasta los 600.000 euros, lo que puede haber ejercido un efecto disuasorio. Los resultados satisfacen a la secretaría autonómica, que parece dejar atrás la vía sancionadora aunque se siguen abriendo expedientes.
Ahora, ante cada actualización mensual de los datos, se van enviando requerimientos a las plataformas para que incluyan el número de registro en los anuncios que no lo tienen, o eliminen dichas ofertas. Esos requerimientos en un buen porcentaje surten efecto y va disminuyendo el número de viviendas que carecen de registro.
Por otro lado, el rastreo de esta consultora especializada en soluciones tecnológicas ha detectado casos en que se sospecha que una misma licencia se usa en anuncios de diferentes viviendas.
Cabe recordar que en 2017 el Consell fue de los primeros gobiernos en tratar de atajar la oferta ilegal de pisos turísticos. La estrategia ha sido la vigilancia de las plataformas, que es la vía fundamental que tienen estas viviendas para comercializarse, y, por tanto, el camino más corto para frenar la oferta clandestina.
