Feria València empieza a respirar con cierto fuelle después de que a finales de marzo la conselleria de Hacienda le adelantara, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cerca de tres millones de euros que han servido a la institución para abonar la deuda que tenía contraída con sus proveedores, según las diversas fuentes consultadas ayer por este diario. Aunque el Gobierno ha demorado hasta finales de año la opción de presentar concurso a las empresas afectadas por la covid que estuvieran en necesidad de hacerlo el 31 de marzo, la medida del Consell alivia la situación financiera de la entidad, que pidió a la Generalitat 10 millones de euros para hacer frente a las deudas con sus proveedores y empleados.
De esa cantidad, el Consell ya abonó en su momento 800.000 euros y luego se comprometió a aportar otros 9,2 millones. Mientras tramita el decreto por ese importe máximo ha adelantado, como ha quedado dicho, tres millones. «Ya no hay agobio», aseguró una fuente próxima a la institución. Cuando se apruebe el citado decreto, a la Feria solo podrá llegarle un máximo, previa justificación de gastos, de 6,2 millones.
Mientras tanto, la Generalitat sigue tratando de desbrozar el camino de futuro de la institución, es decir cerrar el capítulo de su deuda y darle una nueva naturaleza jurídica.
La conselleria de Economía pretende tener entre hoy y el martes la versión definitiva de su decreto por el que la entidad se convertirá en una corporación de derecho público similar a la Cámara de Comercio. La redacción final del texto ha incorporado algunos cambios que las fuentes consultadas aseguran que son de calado menor y más bien técnico. Acto seguido será remitido al Ayuntamiento de València y a la Conselleria de Hacienda, singularmente para que esta «lo analice y vea si el decreto es coherente para la resolución del tema de la deuda. Si no lo es, deberá aportar soluciones y luego nosotros trataremos de darle coherencia a todo».
Y es que el decreto no da una respuesta al asunto clave: que, subrogada la deuda ferial por parte de la Generalitat, la institución de eventos comerciales mantiene una cuenta acreedora con la admnistración autonómica que, si no desaparece, convierte en inviable a la entidad y la aboca a la disolución dados los 474 millones que sigue adeudando.
Hacienda está ya estudiando el primer borrador del decreto, pero no se pronuncia públicamente sobre cuál puede ser su posición. La idea de Economía es que, una vez aclaradas las posiciones entre este departamento, comandado por Compromís, y el que dirige el socialista Vicent Soler, la resolución final sobre la deuda y el decreto sobre la naturaleza jurídica pasen a la Abogacía de la Generalitat para que les dé su punto de vista antes de ir al pleno del Consell. Todo ello antes de que acabe abril.
