Suscríbete Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La falta de una norma autonómica dejará a más del 70 % de las VTC sin actividad en octubre

El sector asegura que muchas de las licencias perjudicadas serán del servicio tradicional, mientras que la Generalitat afirma que está trabajando "en distintas soluciones"

Varias turistas se suben a un VTC en València, en una imagen de archivo. GERMAN CABALLERO

Al conocido como 'Decreto Ábalos', un marco normativo impulsado en 2018 que ofrecía cuatro años de amortización a los dueños de las licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), se le acaba el tiempo. A dos semanas de la fecha límite, el 30 de septiembre, la Comunitat Valenciana continúa sin tener una regulación autonómica que permita a todas las VTC continuar su actividad, una falta que acarreará -según apuntan desde el sector- que más de un 70 % de las licencias para este servicio en el territorio valenciano (unas 500 de las 700 totales) no puedan seguir operando.

En concreto, las VTC que caducarán serán aquellas cuyas licencias se aprobaron antes del decreto. De ellas -explica a este diario el presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana (Movea-CV), Ricardo González- muchas no están vinculadas a plataformas digitales, sino que son "las tradicionales, las que llevan toda la vida trabajando en transfers, ferias, servicios para hoteles, funerarias, mutuas, etc.". En este sentido, González asegura que hasta "1.000 trabajadores se van a quedar en la calle, de los que la mitad son mayores de 50 años".

Por ello, el presidente de Movea-CV insiste en que se dé una "moratoria de dos años, porque está plenamente justificado que cuando el 'Decreto Ábalos' calculó las amortizaciones de las licencias, tuvo en cuenta cuatro años de actividad normal". Sin embargo, durante 2020 y 2021, "no se ha trabajado en las mismas condiciones. Por eso entendemos que ampliar el plazo está plenamente justificado", añade.

Un vehículo de VTC, en una imagen de archivo. Quique Garcia

Justamente, esta misma semana un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona estimaba que el Ejecutivo central debería ampliar dos años el periodo transitorio de las VTC. Además, en este informe se apuntaba a que, en caso de no darse la ampliación, supondría "un daño antijurídico, individualizado y susceptible de valoración económica".

Consensuando una solución

Frente a esta realidad, desde la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat aseguraron que se encuentran ahora "consensuando con VTC y taxis una solución en la que prime el servicio a los ciudadanos". No obstante, con varias vías encima de la mesa, las citadas fuentes descartaron concretar más en qué punto se encuentran las conversaciones y si será posible lograr un acuerdo antes del 1 de octubre que permita que parte o la totalidad de las VTC afectadas puedan seguir operando, aunque -reiteran- lograr una solución es «la intención».

Ante ello, González criticó que han pedido "nuevas reuniones" con la conselleria, pero "no hemos tenido contestación todavía". Por su parte, Javier Dorado, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Cabify, incidió en que están "abiertos a hablar" con la Administración porque su objetivo es "que todas las VTC puedan seguir operando".  

Compartir el artículo

stats