Ribera rechaza una moratoria para las declaraciones de impacto ambiental de las renovables

Falta menos de un mes y medio para que llegue la fecha límite en la que los proyectos de inversión en renovables que no hayan obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vean caer de forma definitiva sus iniciativas. Ese abismo llegará con la fecha tope del 25 de enero, un plazo que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rechazado postergar con un rotundo "no" esta mañana en un acto al que asistía en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Estos permisos, que deben ser autorizados por el ministerio o por las comunidades autónomas dependiendo de los megavatios que la compongan (las de hasta 50 megavatios (MV) de potencia son de la Generalitat y las superiores, del Estado), son necesarios para que los promotores embarcados en estos proyectos -que cuentan ya con el aval administrativo- no pierdan los puntos de conexión que les concedió Red Eléctrica de España (Redia) y en los que hay en juego 300 millones de euros en avales solo en el territorio valenciano. 

El bloqueo de las renovables dispara el coste de los proyectos en la C. Valenciana

No es, por tanto, un asunto menor y su impacto, tampoco. Según explicaron a este diario a finales de la pasada semana fuentes el sector, calcula que los proyectos renovables previstos en la Comunitat Valenciana (6.000 megavatios de energía solar y 4.000 de eólica) pueden generar 24.500 nuevos puestos de trabajo en cinco años.

La conselleria de Territorio ordena a Paisaje que desbloquee las plantas fotovoltaicas

La situación valenciana

Estos plazos ya fueron alargados por el Ejecutivo en junio de 2020, cuando se estableció una prórroga de 31 meses para que los promotores pudieran conseguir las DIA y buscar así que no se especulara. Sin embargo, dos años y medio después muchas de ellas han quedado sin posibilidad de avanzar debido a las dificultades administrativas, una realidad por la que en las últimas semanas desde el Gobierno se habría buscado desatascar el máximo de iniciativas posibles antes de la fecha límite. 

En este sentido, en el territorio valenciano –según explicaron este mismo lunes fuentes de Presidencia de la Generalitat– con esa fecha límite del 25 de enero estarían en amenaza directa hasta 91 proyectos relacionados con energía renovables y que están pendientes de una DIA. Todos ellos sumarían alrededor de 1.000 millones de inversión. En total, sin tener en cuenta esa fecha y según la Asociación Valenciana de Empresas de Energías Renovables (Avaesen), existen 452 proyectos de parques renovables bloqueados en la autonomía.

Este escenario se ha venido recrudeciendo por la paralización que se ha llevado a cabo desde la Dirección General de Política Territorial y Paisaje valenciana, en manos de Compromís. Por ello, la consellera de Territorio, Rebeca Torró (PSPV), emitió la pasada semana una instrucción que frenaba las atribuciones que se había arrogado la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo (Compromís), para bloquear el despliegue de esos parques renovables.

Además, reclamaba seguir el dictamen de la Abogacía de la Generalitat que también afirmaba que estas plantas se pueden levantar en todo tipo de suelo -siempre que este no esté protegido- y que dejaba entrever la posibilidad de que se lleven a cabo reclamaciones patrimoniales de centenares de millones de euros por parte de los promotores de los parques solares.

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