La conselleria de Territorio ordena a Paisaje que desbloquee las plantas fotovoltaicas

El Consell ha ordenado a la Dirección General de Política Territorial y Paisaje (Conselleria de Territorio) que aplique el dictamen de la Abogacía de la Generalitat y desbloquee las plantas fotovoltaicas que mantiene paralizadas. La consellera de Territorio, Rebeca Torró, emitió ayer una instrucción que frena las atribuciones que se ha arrogado la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, para bloquear el despliegue de parques renovables. La orden de la consellera da a Paisaje un plazo máximo de 30 días para emitir el informe necesario (ahora tarda más de seis meses) y exime a los promotores de realizar un estudio de integración urbanística (que era largo y complicado).

El dictamen de la consellera Rebeca Torró se produce después del rechazo de la Abogacía de la Generalitat a las trabas de Paisaje que bloquean las renovables, del informe del bufete Andersen que revela que la Generalitat se enfrenta al pago de 1.000 millones de euros si los proyectos no obtienen la Declaración de Impacto Ambiental antes del 25 de enero y que haya trascendido que los funcionarios y los altos cargos que frenan de forma arbitraria las plantas deberán asumir los pagos con su propio patromonio.

La orden de Torró advierte a la Dirección General de Paisaje que debe abstenerse de hacer evaluaciones que no corresponden a sus competencias como "la compatibilidad urbanística de la instalación". Además, amplía las zonas donde se pueden instalar las plantas.

Macroplantas

La Generalitat, como ha venido informando este periódico, se encarga de tramitar las plantas de hasta 50 megavatios (MV) de potencia -que son de tamaño medio- y las de más de 50 MW (las macroplantas) dependen del Estado, que no está poniendo trabas. Esto provoca que se produzca la paradoja de que Paisaje (que depende de Compromís) esté bloqueando por motivos ideológicos las plantas pequeñas mientras proliferan las macroplantas.

Aceleración

La Abogacía recuerda que los decretos del Consell persiguen facilitar la aceleración de las renovables y eliminar trabas, justo lo contrario de lo que está ocurriendo. El dictamen incide en que «solo se considera incompatible el uso de una instalación fotovoltaica cuando esté expresamente prohibido en el planteamiento urbanístico municipal». Esto significa que «si no está recogido específicamente en contra en el planteamiento urbanístico se puede hacer una fotovoltaica en todo el suelo no urbanizable común de un municipio. Paisaje decía que debía estar expresamente permitido. El matiz es importante porque la mayoría de los planes urbanísticos son anteriores al desarrollo de las renovables (y es imposible que explícitamente estén autorizados), advierten fuentes del sector.

Criterios arbitrarios

Un segundo punto que aclara el dictamen es que las plantas se pueden levantar en todo tipo de suelo (siempre que no esté protegido). Paisaje interpretaba que el único terreno donde se podían implantar los parques era en suelo no urbanizable común (SNUC) y solo con este criterio mantiene bloqueados 60 proyectos. El dictamen advierte de que el informe preceptivo sobre la integración paisajística lo deben emitir los Ayuntamientos y no la Conselleria de Territorio "como hacía Paisaje con el objetivo de frenar los parques", según fuentes del sector.

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