Las ITV denuncian que eliminar la prueba del ruido recortará 300 empleos

Un Ere que afectará hasta a 300 trabajadores. Ese es el volumen de trabajadores que ha calculado la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) que se verán afectado por la decisión de la Generalitat de eliminar de forma "unilateral y a escondidas" de la prueba del ruido a partir del 1 de enero. En este sentido, la organización -que engloba a las entidades valencianas que, entre febrero y marzo, terminarán de tener la concesión de este servicio de inspección antes de que se revierta a manos públicas- destacaba este viernes en un comunicado que, "salvo que haya sido un error de previsión, la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público".

En este sentido, la entidad ha tildado de "improvisación y mala fe del conseller Climent" el hecho de cambiar "una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias hasta el próximo mes de marzo de 2023" y ha destacado que "modifica sin previo aviso las premisas sobre las que la Conselleria de Economia concedió a las empresas la prórroga" del servicio.

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Cambio normativo

Desde Aecova-ITV se apunta al anuncio publicado hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que especifica en la sección sexta correspondientes a las 'Normas para el control del ruido producido por los vehículos de motor', incluida dentro de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. En este se redacta que se ha realizado una modificación del artículo 2 del Decreto 19/2004. Con ello, el nuevo texto señala que "la comprobación de la emisión sonora en las estaciones de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana será obligatoria para aquellos vehículos que determine la normativa básica estatal".

Esta última parte es la que resulta relevante, ya que a nivel nacional el marco normativo no especifica la realización de esta prueba -que en la autonomía, la única que la posee en España, tiene un coste de 11,25 euros- para los vehículos. Pese a ello, en 2021 la Unión Europea ya anunció su intención de que esa prueba de sonido tenga que realizarse en el territorio comunitario a partir de 2024, por lo que podría acabar reimplantándose en un futuro no tan lejano.

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Extinción de contratos

De momento el anuncio valenciano, según explico la asociación, lo que implica es que "obliga a las concesionarias a iniciar, desde el mismo lunes 2 de enero, y por causas objetivas, las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller”. En este línea, la organización cifra en un 20 % de la plantilla actual de las ITV valencianas -los citados 300 empleados- y en un 90 % de las inspecciones de vehículos la afección total, a lo que se suma "un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada".

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