El Gobierno abre una vía exprés para el examen ambiental de las renovables

El Gobierno ha aprobado una vía exprés para agilizar el examen medioambiental de los grandes parques fotovoltaicos y eólicos para impulsar el despliegue de la energía renovable. El Ejecutivo ha asegurado que no relajará las garantías, pero los ecologistas alertan de que la nueva normativa se va a convertir en un «coladero» para macroplantas con gran rechazo social. El Ejecutivo acaba de dar luz verde a la instalación de parques fotovoltaicos con una potencia de 2.000 megavatios (MW), que implicarán el despliegue en la Comunitat Valenciana de cerca de cuatro millones de placas fotovoltaicas. La nueva potencia se suma a la autorizada hace dos semanas por el Consell con parques con una capacidad de generación de 1.072 MW y otros dos millones de placas.

Los promotores aseguran que el plazo de tramitación de los grandes proyectos caerá a la mitad con la nueva reglamentación. «El trámite puede quedar resuelto en un plazo de entre seis meses y un año», precisan.

La nueva normativa es una imposición de Bruselas, que quiere agilizar el despliegue de renovables para cumplir con los objetivos de descarbonización en 2030 y para reducir la dependencia de los combustibles fósiles tras la invasión rusa de Ucrania.

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico y administrativo que analiza los posibles riesgos para el medio ambiente de un parque fotovoltaico o eólico antes de que la Administración lo autorice. En el trámite pueden participar todos los organismos implicados y la sociedad a través de periodo de información pública. Este requisito medioambiental es el principal escollo que deben superar los promotores de parques renovables. Las plantas de más de 50 MW son controladas por la Administración central y las de menos de 50 MW las revisa la Generalitat Valenciana.

El cambio estará en vigor hasta 2024. La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) lamenta que la norma «promueve el desmantelamiento temporal del entramado jurídico-normativo que representa la evaluación ambiental como instrumento de protección. Al eximir a los proyectos del trámite de evaluación ambiental se obvia el más mínimo principio de precaución y se elimina la posibilidad de que la ciudadanía participe en los procesos de autorización de estos proyectos de gran trascedencia territorial y social». El colectivo subraya que esta agilización de los trámites ambientales se produce en un momento en el que se están desarrollando «múltiples megaproyectos fotovoltaicos y parques eólicos con una posible repercusión en varias decenas de miles de hectáreas de extensión, que requieren líneas de evacuación de muchos kilómetros».

Frente a las denuncias de los ecologistas, el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que la aceleración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en proyectos renovables no implicará una relajación de las garantías ambientales. El Gobierno insiste en que es una medida coyuntural tras el acuerdo del Consejo de Ministros de la Energía de la Unión Europea del 19 de diciembre que decidió acortar los plazos en zonas de menos riesgo medioambiental. El reglamento europeo considera que las renovables son de un interés público superior, lo que justifica restringir temporalmente los procedimientos habituales por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han alertado del peligro que supone acortar la evaluación ambiental de los proyectos renovables en todo el territorio. Los ecologistas aseguran que «en lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100 % renovable, es probable que ralentice el despliegue (de la energía verde) a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética. Y todo ello, mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes». Las organizaciones ecologistas exigen la vuelta a la situación anterior.

Consultoras externas realizarán los estudios de impacto ambiental

El nuevo procedimiento exprés de autorización de parques renovables prevé que los estudios de impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas y eólicas los realicen consultoras externas contratadas por los promotores. Los informes serán supervisados por los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, que decidirán si el informe es suficiente y el proyecto puede ser tramitado de forma acelerada. En el caso de que surjan dudas, el expediente se tramitará de una forma más lenta. La Asociación Española de Impacto Ambiental denuncia que el cambio beneficia a los promotores de parques más grandes frente a los de menos de 50 MW que tramita la Generalitat y que «seguirán estando sometidos al procedimiento reglado de impacto ambiental».

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