Inquietud en cientos de empresas ante la posibilidad de quedarse sin subvenciones ni fondos europeos

La inquietud se ha apoderado de cientos de empresas ante la posibilidad de quedarse sin cobrar subvenciones ni recibir fondos europeos 'Next Generation'. En el Congreso se aprovechó la tramitación de la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero para incluir una norma para que las compañías intensivas en consumo de gas (cerámica, azulejos, papel, vidrio, hierro, acero, aluminio, fibras sintéticas a los productos alimenticios, entre otras) pudieran acceder a estos recursos aunque no estuvieran al día en el pago a proveedores en el plazo legal (máximo de 60 días), como establece la ley crea y crece, en vigor desde septiembre pasado.

Pero al disolverse Las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones generales el 23 de julio (23-J), esta medida decayó. Fuentes del ministerio de Economía aseguran que si el PSOE gana los comicios, "esta será una de las pioridades", dada la importancia que tiene para las pymes y autónomos. No descartan, en todo caso, la opción de incluir en el decreto omnibús para renovar, modificar o porrogar medidas por la guerra con la rebaja del IVA de los alimentos esta flexibilidad en cuanto al estar al día en el pago a proveedores que se introdujo a través de una ley que no tiene que ver con la materia precisamente para que pudiera ponerse en práctica de forma rápida. Y es que sin esta exención, con la legislación actual en vigor, para poder acceder a subvenciones y fondos europeos es preciso certificar que se está al día en el pago a los proveedores, admiten las mismas fuentes oficiales.

La ley crea y crece (que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 28 de septiembre pasado) establece que las empresas de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores mediante certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

La enmienda promovida por el ministerio de Economía tras negociaciones con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) establecía que aunque la empresa no cumpliera los plazos legales de pago a proveedores en el momento de la solicitud de la ayuda, sí debía acreditarlo "a los seis meses desde el cobro efectivo de la subvención".

Y se añadía que incumplir este plazo de prórroga "constituirá causa de reintegro total de la subvención". La medida se justificaba en los costes adicionales que sufrieron en 2022 las industrias con un elevado consumo de gas debido al excepcional incremento de los precios de este combustible durante el año pasado.

"Ni un paso atrás"

Antoni Cañete, presidente de la PMcM y de Pimec, afirma que, pese al deseo de que se impusiera la oligatoriedad de estar al día en los pagos a proveedores, ante la magnitud del problema, aceptaron introducir una "flexibilidad de seis meses, sin dar ni un paso atrás". Y exigiendo que se apruebe de una vez por todas un régimen sancionador para las empresas incumplidoras.

Y es que la regulación para combatir la morosidad no acaba de cerrarse. Especialmente el régimen sancionador que, a juicio de Cañete, permitiría combatir adecuadamente esta lacra que afecta esencialmente a las pymes y los autónomos. Es algo "vergonzoso y preocupante", afirma. El régimen sancionador ha sufrido "más de 90 prórrogas en el Congreso" y, tras la convocatoria de las elecciones generales, "vuelve a decaer minutos antes de aprobarse". De forma muy ilustrativa, el presidente de la PMcM afirma que es como "si te quitaran la portería en el momento de chutar a puerta para marcar un gol".

La ley crea y crece, que tenía que resolver muchas de estas cuestiones, tienen algunos puntos pendientes de desarrollo. Además de la constitución del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, previsto en la norma, que no se ha llegado a constituir, falta también la regulación de la factura electrónica, en audiencia pública en la actualidad hasta el 10 de julio y que podría aprobarse antes de las elecciones. En todo caso, la factura electrónica proporcionará "trazabilidad" y el observatorio permitirá tenr constancia d elos incump,limientos, pero para que todo sea efectivo "hace falta un régimen sancoionador", insiste Cañete.

La PMcM, que agrupa a más de un millón de pymes y autónomos, estimó en su día que las facturas fuera de plazo solo de las empresas del Ibex superaban los 58.000 millones de euros (más de 81.000 millones si se incluye todo el mercado continuo).

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