El presidente de Apple, Tim Cook, ha salido recientemente al paso de las acusaciones que implican a la compañía en enormes trucos fiscales para evadir 74.000 millones de dólares en impuestos entre 2009 y 2012, según una investigación del Congreso de los Estados Unidos, al declarar que paga tributos «por todas las cosas que vendemos y pagamos cada dólar que debemos». Sin caer en cantidades tan astronómicas ni redes sofisticadas que incluyan cantidad de paraísos fiscales en el extranjero, oficinas sin empleados o declaraciones juradas fantasmas en países con beneficios impositivos como Irlanda, la llamada ingeniería financiera entre empresas españolas también figura a la orden del día, sobre todo en este último mes del año, cuando las sociedades intentan rebajar su factura fiscal. El problema es que no siempre se ajustan a compromisos de responsabilidad corporativa y códigos de buenas prácticas que deberían guiar a cualquier organización.
Alterar los precios de transferencias en los intercambios de bienes o servicios, así como buscar deducciones por la internacionalización de las empresas son prácticas habituales entre lsa empresas para burlar controles de la Agencia Tributaria. Se calcula que las principales fortunas españolas y grandes firmas evaden al Fisco unos 42.000 millones de euros anuales; esto es, un 72 % del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el realizado por pymes y autónomos, según constata el último informe de Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En concreto, estos colectivos últimos sumaron un delito tributario que ronda los 16.000 millones de euros por ejercicio.
¿Cómo lo consiguen? Un caso típico para ocultar beneficios es el de una industria que instala su matriz en otro país. Aquella mercantil fabrica productos y vende esos bienes a su filial española a un precio muy elevado. De este modo, los resultados obtenidos en España serán mínimos a costa de engrosar ganancias en el país de origen —con mejor trato fiscal, por ejemplo Irlanda— donde esos beneficios tributan a tipos impositivos inferiores.
Canalizar ventas a través de internet o endeudarse ficticiamente son también prácticas habituales en algunas empresas para ahorrarse costes fiscales y rebajar sus aportaciones a Hacienda. El comercio electrónico permite domiciliar sociedades fuera del país, donde poco puede hacer Hacienda para seguir el rastro de las transacciones a través de Internet.
Precios de transferencias
Más del 60 % del comercio mundial se realiza entre empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo que evidencia la importancia que tiene este concepto para las autoridades fiscales de los distintos países. Según el técnico en gestión de la Agencia Tributaria Salvador Faura, los precios de las transferencias entre grandes empresas españolas y sus filiales «son aprovechadas en muchas ocasiones para evadir impuestos».
Cuentan los expertos que los precios de los bienes o servicios son pactados por sociedades mercantiles pertenecientes a un mismo grupo de dirección y decisión empresarial . De este modo consiguen, a través de la fijación de dichos precios, la transferencia de beneficios e incluso pérdidas de unas empresas a otras que pueden encontrarse legalmente en países distintos. Estos precios de transferencia suponen una manipulación de los valores reales de mercado, con claro perjuicio en la fiscalidad de la operación correspondiente que sea objeto de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades. De aquí ha derivado, entre otros, el problema de Cemex; que además, está dinamitando Los cimientos de la Inspección de la Agencia Tributaria debido a los enfrentamientos internos entre altos cargos.
«La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad», advierte el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó recientemente que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30 % para las grandes empresas y del 25 % para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.
Según los últimos datos disponibles sobre el impuesto que grava los beneficios empresariales, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.
Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5 %, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas. A la vista de la situación, el colectivo insta a la Agencia Tributaria a realizar un «mayor esfuerzo» para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías. «Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude», lamentan los técnicos de Hacienda.
Entre particulares
Menos sofisticados, el fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situa alrededor de 1.500 millones de euros anuales. Sumados los cálculos de grandes empresas —junto con las pymes y autónomos— el fraude total se eleva a unos 60.000 millones de euros, el doble del laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones. Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, sostiene que existe una clara consonancia con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros en el mercado.
Una prueba de las facilidades que encuentran las grandes empresas a la hora de minimizar el pago de sus impuestos son los datos relativos a las 105 mayores entidades de crédito, cuyo tipo medio efectivo se sitúa en tan solo el 16,08 %, casi seis puntos menos que las microempresas, advierte Gestha. A esta brecha fiscal hay que sumar los múltiples casos de conflicto en la aplicación de la ley tributaria en los que personas con grandes fortunas, quienes crean sociedades para lograr reducir su carga impositiva, ya sea abusando de ventajas legales en determinados territorios —como es el caso de las sociedades de promoción de empresas en las haciendas forales—, como también mediante la creación de Sicav (tributan tan sólo al 1 % ). En la práctica, estas firman son de un único inversor o de una sociedad patrimonial donde sitúan rentas inmobiliarias.
Según los expertos, esta deficiente regulación provoca un desplome de ingresos del Impuesto de Sociedades, que en cuatro años —de 2007 a 2011— disminuyó en 28.212 millones de euros, lo que supone una reducción del 63 % respecto al período anterior a la crisis. Pero no puede atribuirse ese desplome a la evolución de la actividad económica. Las cuentas no salen a Hacienda.
