Génova reformula la reunión con Moncloa: “Sánchez intenta generar el caos; tenemos que llevar nuestra agenda”

“Toma todas esas decisiones a la vez para estresar a la sociedad, generar el caos. Lo mezcla todo y tensiona aún más. Es una convulsión constante. El mediador, los jueces, incendia el Parlamento Europeo y le entrega Pamplona a Bildu. En ese contexto se siente beneficiado. Cuando parece que no puede haber un escándalo mayor, Sánchez lo encuentra. Y lo hace todo antes de que acabe el año”. La reflexión parte de la dirección nacional del PP tras una semana de alto voltaje en la política española y con varios capítulos por abrir en esta que empieza. La sensación en Génova es la de que la rueda no deja de dar vueltas y no lo hará. Y en ese contexto, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo siguen viendo cómo abordar la reunión con Pedro Sánchez que, en principio, debería celebrarse antes de que acabe el año.

La digestión de todos los acontecimientos de estos días, especialmente el acuerdo entre PSOE y Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, no resulta fácil para los conservadores. Y menos aún siendo la antesala de un encuentro entre líderes. Feijóo se manifestó ayer en la capital de Navarra para dar su apoyo a UPN. A pesar de las reticencias y la desconfianza que imperan en el PP, en Génova siguen considerando que ante una llamada del presidente del Gobierno, el líder de la oposición debe acudir. Pero también defienden que “no lo harán de cualquier manera” y que no actuarán como un socio más del Ejecutivo.

Por ese motivo el PP se empeña en conocer el orden del día de la reunión y siguen defendiendo que Feijóo pretende influir en los temas que se abordarán. Los populares consideran que el Ejecutivo busca diluir todas sus reuniones con los independentistas, especialmente las que se producen en el extranjero. O que pretenden igualar las mesas de trabajo pactadas con ERC y Junts, proponiendo ahora una con el primer partido de la oposición para hablar del Consejo General del Poder Judicial, el artículo 49 de la Constitución que quiere acabar con la palabra “disminuidos” para referirse a las personas con discapacidad, o la financiación autonómica.

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Sobre lo último, en el PP dejan claro que no es un asunto que deban hablar Sánchez y Feijóo, sino las comunidades autónomas y Hacienda. El artículo 49 quedó pactado la pasada legislatura y si no se hubieran adelantado las elecciones, afirman en la cúpula conservadora, ya se habría llevado a cabo. En mitad de esta estrategia de Moncloa, los populares mantienen las espadas en alto viendo cómo replantear el encuentro.

“Feijóo iría a esa reunión representando a once millones de votantes, los mismos que representados en el Congreso por distintos partidos, le dieron su sí a la investidura. Y otros muchos ciudadanos que pensamos que no se sienten cómodos con lo que hace el Gobierno, empezando por la amnistía”, explican en el entorno más cercano del líder conservador. Y en ese sentido, avanzan que el dirigente gallego “no va a sentarse a una silla y escuchar sin más”, ni permitirá que el presidente “le ponga deberes” culpando al PP de no renovar el CGPJ.

De hecho, Feijóo pretende valerse de ese encuentro para reprochar a Sánchez a la cara la ley de amnistía, las declaraciones de socios del Ejecutivo contra jueces, las comisiones de ‘lawfare’ que han incendiado a la judicatura, y otras cuestiones como la política de nombramientos del Gobierno, empezando por el del fiscal general que el Tribunal Supremo ha cuestionado.

“Nosotros también vamos a llevar nuestra agenda y no dejaremos que nos utilicen como un actor más”, reiteran altos cargos del PP, reconociendo que la situación se hace más difícil por momentos. 

El lunes durante la presentación del libro de Sánchez, el presidente bromeó con la figura del verificador salvadoreño entre PSOE y Junts. No sentó nada bien al PP, que ven en el Gobierno una nueva estrategia de “banalización”. A eso le siguió el bronco debate de la ley de amnistía, ya el martes, con el señalamiento de Míriam Nogueras a jueces con nombres y apellidos desde la tribuna que ha conllevado una respuesta muy clara del CGPJ. Y el miércoles hubo un discurso de Sánchez en la Eurocámara que para el PP fue “un nuevo punto de inflexión”, que abre un escenario inédito de cara a la campaña de las europeas.

Con todos esos ingredientes encima de la mesa llegó la moción de censura en Pamplona para desbancar a la alcaldesa de UPN y que permitirá a Bildu hacerse con el bastón de mando. Feijóo tildó el acuerdo como el “más miserable” que ha permitido Sánchez, que ahora lo justifica por el supuesto bloqueo de la ciudad al no tener UPN ningún socio disponible para gobernar. Durante meses los socialistas negaron que fueran a hacer un acuerdo similar.

Pocas horas después de esta operación política Junts desvelaba que están a la espera de cerrar una reunión entre el presidente y Carles Puigdemont. “El caos. Que todo se tape con otra cosa aún mayor”, vuelven a repetir en el PP.

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El propio Feijóo verbalizó esta semana las dificultades con las que afronta la cita. “Si las posibilidades de entendimiento no eran muchas, desde hoy son muchas menos”, dijo tras ver la luz el pacto en Pamplona. Las expectativas siempre fueron bajas, pero los populares no esconden que el ambiente tan enrarecido y la sensación de que Sánchez “ha tomado la decisión de seguir su camino sin respetar ya los consensos más básicos” quizá sí abren una etapa en la política que hasta ahora ha sido desconocida.

Por eso, en este contexto complicado la Unión Europea cada vez toma más protagonismo. Los dos principales partidos intentan hacer ver que cuentan con el apoyo de las instituciones comunitarias. El PP, por ejemplo, está convencido de que esta semana Europa “vio la verdadera cara de Sánchez” lejos del perfil conciliador que se ha trabajado en la política exterior. Y además se consideran avalados para seguir defendiendo una nueva ley que cambie el sistema de elección de los vocales del CGPJ a cambio de la renovación. En el Gobierno niegan la mayor: la renovación debe producirse ya sin nueva ley y Europa ha dejado claro, aseguran, que la amnistía es un asunto interno de España. En algún momento la balanza tendrá que inclinarse si la política española continúa inundando el terreno comunitario.