El Gobierno y el fiscal general impulsan la ley que pondrá en manos de los fiscales la instrucción penal

La reforma que pondrá en manos de los fiscales la instrucción de los delitos vuelve a ser una prioridad del Gobierno. Así lo demuestran las actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ya anunció en el Consejo de Ministros del pasado mes 26 de marzo su intención de impulsar una reforma clave que quedó paralizada durante el mandato de su antecesora en el cargo, Pilar Llop. 

Más allá de sus palabras, Bolaños ha pedido formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acelere la entrega del informe preceptivo que se encargó a este órgano en febrero de 2021, y en el que trabajan desde entonces un grupo de vocales. El anuncio por parte de Llop de que crearía una comisión de expertos para mejorar el primer texto paralizó los trabajos del órgano de gobierno de los jueces, que ahora se ven acelerados.

Se trata de impulsar el Anteproyecto de Ley presentado por Juan Carlos Campo en noviembre de 2020, que quedó en un cajón tras el varapalo recibido unos meses más tarde por parte del Consejo Fiscal presidido entonces por la fiscal general Dolores Delgado, cuyo informe fue bastante duro con la propuesta.

En este marco, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado este miércoles a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para la creación de un grupo de trabajo que desarrolle un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de cara a la aprobación de la norma. 

La reunión se produce después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado a las asociaciones de fiscales su intención de recuperar el proyecto de una nueva ley procesal. Una de las críticas más recurrentes se dirige a cuestionar si los fiscales tienen la suficiente independencia - también económica -, para asumir la dirección de las investigaciones, y en esta línea se enfoca la reunión convocada por el fiscal general, según fuentes consultadas por este diario.

El retraso del CGPJ

Por parte del Consejo General del Poder Judicial, de los seis vocales que comenzaron a analizar el proyecto en 2021 sólo quedan cuatro -tras la jubilación de Rafael Mozo y la renuncia de Concepción Sáez-. Ultiman el texto las vocales conservadores José Antonio Ballestero y Juan Manuel Fernández y las vocales progresistas Roser Bach y Clara Martínez de Careaga. Trabajan sobre un pre-informe ya entregado por un grupo de magistrados de peso que fueron designados en su día por Mozo cuando era presidente en funciones del órgano. Se trata de Juan José Ortega, Antonio del Moral y María Dolores Hernández, que han elaborado un texto de carácter muy técnico que ahora revisarán los vocales.

Fuentes de este órgano señalan a El Peiródico de España, del grupo Prensa Ibérica, pese a la urgencia del Gobierno, hasta el lunes previo al próximo Pleno, que se celebrará en la última semana este mes, no se sabrá con seguridad si el texto irá en el orden del día. No obstante, algunos de los vocales concernidos lo ven "imposible" y aputan al plenario del mes de mayo como fecha más probable para tratar este asunto.

Para ultimar su informe, el CGPJ ha contado con las aportaciones reclamadas en su día a magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y de las secciones de apelación penal de los tribunales superiores de justicia, y se prevé que avale en términos generales el cambio, siempre que se cuente con los debidos contrapesos mediante una reforma orgánica en el Estatuto del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía e independencia del Ejecutivo.

Juez de garantías

Se trata de una reforma de gran calado, que supondrá situar al fiscal como principal agente en la averiguación de los delitos, en sustitución de los jueces, cuya actuación se verá limitada a controlar que se cumplen las garantías legales en detenciones, registros, embargos y cualquier medida que afecte a los derechos fundamentales de los investigados. 

Superar la decimonónica norma de Alonso Martínez,vigente desde 1882, que es la que dice cómo se organiza la investigación penal en España, es algo que se viene planteando desde hace más de veinte años. Ya trabajaron en este proyecto los ministros Francisco Caamaño, cuyo Anteproyecto decayó con la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente el Gobierno popular de Mariano Rajoy, con un texto impulsado por Alberto Ruiz Gallardón que tampoco llegó a ver la luz.

Por lo que respecta al Gobierno de Sánchez, durante la etapa de Pilar Llop, quizá por el impasse que supuso la pandemia y el protagonismo de las tres leyes de eficiencia para reformar la justicia -que tampoco terminaron aprobándose durante su mandato-, la reforma procesal quedó aparcada. 

"Mal momento" con Sánchez y García Ortiz

En la actualidad, un proyecto que en principio apoyan en términos generales todos los grupos políticos y también los operadores jurídicos se considera no idóneo en algunos ámbitos dado el especial enfrentamiento entre los sectores mayoritarios de la carrera fiscal y la persona que se encuentra al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, a quien la Asociación de Fiscales ha pedido que dimita en varias ocasiones por su política de nombramientos y sus posicionamientos cercanos al gobierno de Pedro Sánchez.

"Es un momento malo, con un fiscal que depende tanto del Gobierno y que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por haber incurrido en desviación de poder, aunque la filosofía del cambio es lógica y ya se aplica en media Europa", reconoce a este diario Salvador Viada, vocal del Consejo Fiscal por Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. A juicio de este fiscal, la reforma del Estatuto es imprescindible si se busca cambiar el sistema de investigación penal.

Con esta idea coinciden en la Asociación de Fiscales, que hace tan solo unas semanas advirtió sobre que se pretenda aprovechar la reforma para retomar la limitación de los plazos de investigación. "Ello conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos" como los relacionados con el terrorismo, la salud pública, la corrupción o los económicos, señalan desde la asociación mayoritaria.

Jesús Arteaga, de la Unión Progresista de Fiscales, reconoce a este diario que acuden a la reunión esperanzados, ya que siempre han apoyado el proyecto de reforma y confían que ahora pueda llevarse a cabo. Desde esta asociación de carácter progresista creen muy justificada una reforma estatutaria para "limar" cuestiones relativas a la autonomía de los fiscales y tratar también un refuerzo de la independencia del propio fiscal general.

En su informe, dado a conocer en julio de 2021, el Consejo Fiscal de Dolores Delgado señaló que la propuesta legislativa que ahora recibe un nuevo impulso da un papel excesivo a los jueces de garantías. Se criticó, entre otros aspectos, que se le mantenga como un "tutor de la investigación" con funciones "exorbitantes". Otros fallos del texto, según señalaron en su informe los principales actores que deberían aplicarlo, que son los fiscales, pasan por el hecho de que el Anteproyecto vea innecesario aumentar la plantilla que olvide medidas para la agilización de las causas.