La Junta General de la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. (Gespa) celebrada ayer por la mañana aprobó el cese de los antiguos miembros del Consejo de Administración y nombrado a los nuevos. La votación, en el primer punto del orden del día, ha salido adelante con los votos a favor de PSPV, PP, Paterna Sí Puede y Ciudadanos, y con los votos en contra de EUPV y Compromís per Paterna. No se votó al presidente de la empresa porque, tal como ya adelantó ayer este periódico, el punto no se incluyó en el orden del día después de que en la junta del pasado 1 de septiembre toda la oposición, excepto C's, se uniera para no dar validez al acuerdo plenario por el que se nombraba en este cargo al alcalde Juan Antonio Sagredo.
Ayer, el gobierno local esgrimió un informe de los servicios jurídicos y otro de la secretaría municipal indicando que la decisión del pleno prevalece sobre la de la junta general. Por ello, el único punto del orden del día sobre la presidencia que se trató en la junta de ayer fue el de «dar cuenta» del nombramiento de Sagredo en el pleno. Tanto Compromís como el PP consideraron ayer irregular este nombramiento y subrayaron que en los estatutos de Gespa se establece que la decisión sobre la presidencia le corresponde al pleno.
En la junta de ayer, la portavoz del PP, María Villajos pidió que «se haga la consulta pertinente sobre la legalidad de esta forma de proceder tanto a la Secretaria Municipal del ayuntamiento como al Consell Jurídic Consultiu (CJC)». «Sin embargo —señalan los populares en un comunicado— esta petición no ha sido tenida en cuenta por el alcalde, que ha preferido ponerse una venda en los ojos y seguir adelante, algo que ha hecho exclusivamente bajo su responsabilidad y que puede suponerle un grave problema tanto a él como a la sociedad». Lo curioso del caso es que, un día antes de que su portavoz pidiera informes sobre la legalidad de la designación de Sagredo como presidente, varios miembros del Comité Ejecutivo del PP de Paterna solicitaron por su cuenta ante el ayuntamiento que se informase sobre este extremo y sobre la convocatoria de la junta a partidos, asociaciones, habilitados nacionales y, también al CJC.
La actuación de estos siete militantes del PP paternero —entre los que se encuentran los exconcejales Juan Manuel Rodríguez y Andrea Sánchez, o la exasesora municipal y vicesecretaria de organización Virtudes Royo— ha causado sorpresa en la dirección de la formación local, que ha puesto el caso en manos del Comité de Derechos y Garantías del PPCV para que determine si habrían contravenido los estatutos del partido. De todas formas, y según las fuentes consultadas, la investigación no afecta a todos los firmantes de la petición ya que algunos de ellos (las fuentes no precisaron ni nombres ni número) habrían pedido disculpas y asegurado que lo hicieron «pensando» que la dirección de partido era conocedora de la petición.
