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L'Horta Nord

El PP de Paterna pide que se impute a cuatro personas más por los contratos «irregulares»

La jueza aplaza la declaración del alcalde, Juan Antonio Sagredo, y de dos ediles al presentar los populares nuevas pruebas que involucran al marido de una concejala - Los socialistas acusan al PP de «montar un circo» en el juzgado

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, con la edila Nuria Campos. l-emv

El llamado «Caso Halloween» por el que están imputados el alcalde de Paterna (PSPV) y los ediles socialistas Nuria Campos y Julio Fernández, en relación a la contratación de la empresa que organizó ese evento, dio ayer un giro radical, a raíz de la ampliación de denuncia que el Partido Popular de la ciudad había presentado el pasado viernes.

De hecho, la declaración prevista para ayer de Sagredo, Campos y Fernández, se aplazó hasta que la jueza y las partes estudien la nueva documentación, que incluye «pruebas», según el PP, de que el asunto no se limita al caso de la fiesta de Halloween sino a otras contrataciones anteriores que apuntan de lleno al marido de Nuria Campos, gerente de la firma Sagarmanta, Joan Vicent Díez, y cuyos socios en otras firmas habrían recibido algunos encargos, como ayer avanzó Levante-EMV.

De hecho, el PP llevó el jueves al juzgado un dossier que incluye los correos electrónicos en los que Díez presuntamente daba órdenes a funcionarios y técnicos para la organización del concierto de Seguridad Social, en 2016, semanas antes de que se iniciara el expediente, que acabó adjudicado a la empresa de la mujer de su socio en otras firmas.

Además, los populares, a través de su letrado, Jorge Carbó, han pedido también que se amplíen las imputaciones a cuatro personas más: Joan Vicent Díez, su socio Mario Forner, el ingeniero que realizó el proyecto técnico del concierto de Seguridad Social y el concejal de Juventud, José Manuel Mora, que habría iniciado el expediente.

«Aquí hay un grupo de empresas que tienen relaciones entre sí tanto de accionariado como de amistad porque todos están juntos en una 'filà', que giran en torno al marido de Nuria Campos, que están siendo adjudicatarias de los contratos por lo que se aprecia un posible trato de favor», resumió Jorge Carbó.

Por su parte, los socialistas acusaron ayer al PP de «montar un nuevo circo en los juzgados de Paterna ante la inestabilidad de la denuncia interpuesta» al decidir «in extremis y de manera malintencionada, aportar nueva documentación con la única pretensión de seguir dilatando el proceso y confundiendo a la opinión pública». Sobre la ampliación de denuncia, el PSPV de Paterna considera que se trata de «documentos carentes de toda base y fundamento, presentados a las 4 de la madrugada del pasado día 7 de junio, y con toda la intención de confundir».

Ni Juan Antonio Sagredo ni Nuria Campos quisieron ayer pronunciarse sobre los hechos. «Cuando se hayan producido las declaraciones, darán las explicaciones que corresponda», dijo una portavoz de alcaldía.

Finalmente, la portavoz del PP de Paterna, María Villajos, reiteró ayer que tanto Sagredo como Campos deben dimitir, además de instarles a dar explicaciones de los expedientes completos de contratación con ese grupo de empresas «en un pleno extraordinario o en una comisión de investigación abierta». «El alcalde no puede decir que no sabía lo que se negociaba porque algunos de los correos van dirigidos a un asesor de su máxima confianza», valoró Villajos además de recordar que «la Ley de Contratos impide que el marido de Nuria Campos trabaje para el Ayuntamiento de Paterna, por lo que todo apunta a que lo están haciendo presuntamente a través de esta red de empresas».

«Cuando leí los correos de Díez a los trabajadores, no daba crédito», reconoció la edila popular.

Respecto a las «excusas» que el gobierno socialista ha dado para justificar esa relación, Villajos opina que «son todo mentiras». «Primero, que la Diputación no pagó el concierto porque tenemos el asiento contable del ayuntamiento; segundo, es falso que el consistorio no realizara la selección de la empresa, y tercero, puede ser normal que un ayuntamiento tenga contacto y vea datos técnicos con la empresa adjudicataria pero no con un tercero que no tiene nada que ver con el expediente. Eso es muy grave».

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