La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, declaró ayer como investigada por presunta prevaricación por la celebración de la fiesta de las paellas universitarias del pasado año, un macroevento que reunió en el municipio a unas 24.000 personas. La dirigente socialista resaltaba a su llegada a los juzgados que se encontraba «tranquila» y anunciaba a este diario que iba a «dar todas las explicaciones». Dos horas y media después, Orts y Martín Pérez (edil de Fiestas) salían del Palacio de Justicia igual que habían entrado: sonrientes, tranquilos e imputados por el caso.
Fue el Partido Popular el que llevó la fiesta universitaria hasta la Fiscalía Provincial, acusando a la alcaldesa socialista de posible delito de prevaricación al autorizar el evento. El ministerio público remitió un informe al juzgado de Moncada en el que señalaba que la alcaldesa «permitió» el macrofestival «a pesar de que la empresa no había solicitado y obtenido la preceptiva licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, ni la correspondiente licencia municipal para el movimiento de tierras». Con toda la documentación en la mano, el juez Joaquim Bosch firmó una providencia en la que citaba este miércoles a declarar como investigados a Orts y Pérez.
La alcaldesa de Moncada manifestó tras su declaración que «todo había ido bien» y que «básicamente» acudió a «hacer todas las aclaraciones sobre las que el juez tuviera dudas». La socialista era optimista: «La verdad es que salgo igual de tranquila que he entrado». Orts también aprovechó para atribuir al PP su implicación judicial por la celebración de las paellas. «Es una cuestión política. Estamos a las puertas de una campaña electoral y el PP, sistemáticamente, está denunciando a muchos alcaldes de la C. Valenciana usando denuncias sin estar fundamentadas y sin importancia relativa para que se sospeche de nosotros y nos hagan venir al juzgado», afirmó la alcaldesa. La dirigente socialista defendió que «somo personas honestas y honradas, y estamos dispuestos a venir a aclararlo lo que sea necesario».
Entrando más en profundidad sobre el contenido de su declaración, Orts señaló que Moncada albergó un macroevento que «se venía celebrando en València con total normalidad, en un espacio público y aquí privado, y sobre el que nunca se generaron dudas ni una investigación, mientras que en Moncada no entendemos qué ha podido pasar». La dirigente socialista detalló que un mes antes de la fiesta universitaria, «como marca la ley, la organización presentó toda la documentación necesaria, tanto en el ayuntamiento como en la conselleria como en Delegación del Gobierno, y que toda la documentación presentada y solicitada está en regla y en base a ley; por tanto, podemos decir claramente que no hay ninguna ilegalidad en torno a la celebración y organización de las paellas universitarias, un evento con el que se ha demonizado a la ciudad de Moncada». La alcaldesa se mostró convencida de que la causa «se archivará» y «no irá más allá, que es lo que toca». Por ello, confía en que el caso judicial no afectará a su candidatura a las elecciones municipales de mayo. «Mi partido me nombró en octubre y eso continúa con normalidad».
Este año no habrá paellas
Lo que sí confirmó Amparo Orts es que este año Moncada no acogerá las paellas universitarias. «Ha habido cierta rumorología sobre esto. Las entradas se deben de vender con una ubicación concreta, de hecho en la última se señalaba que era la Marina Real y se desarrollaron en Moncada. De todas formas, me consta que este año no se van a celebrar en Moncada. El año anterior sí nos dijeron algo, pero en esta ocasión no ha ocurrido», anunció la alcaldesa que acabó asegurando que «no sé hasta que punto un alcalde tiene capacidad para poner impedimento para que se celebren estos eventos».
Precisamente esa misma afirmación fue utilizada por la alcaldesa durante su testimonio ante el juez, según explicaron fuentes conocedoras de la declaración. El letrado de los populares trató de que Orts contestara claramente sobre la concesión de permisos y licencias, pero, al parecer, solo aportó que se presentó una declaración responsable para un evento de tal envergadura. En todo caso, la alcaldesa se escudó en que fue el asesor jurídico del Ayuntamiento quien le indicó que, al preverse la afluencia de más de 10.000 personas, no debía ser el ayuntamiento, sino la Generalitat, el que autorizase determinadas peticiones, como la venta de bebidas alcohólicas.
La conexión con Paterna
Orts, según las mismas fuentes, indicó que no sabe qué representante de la empresa organizadora se puso en contacto con el Ayuntamiento, que dicha empresa no abonó tasa alguna y que el único coste que asumió el Consistorio fue el de las horas extra de la Policía Local, cuya presencia «sugirió» la Delegación del Gobierno. En este sentido, declaró no conocer a Víctor de la Fuente, al parecer responsable de una firma de asesoría técnica que también participó en el concierto de Halloween organizado en Paterna en 2017, evento que también está en el juzgado y por el que está imputado el alcalde Juan Antonio Sagredo y dos concejales del PSOE.
