El proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 2 del sector 11 de Godella, en la zona de Campolivar, ha recibido durante el periodo de exposición pública 185 escritos con alrededor de 500 alegaciones por parte de vecinos, colectivos y grupos políticos municipales.
El sector 11, conocido como Lloma del Gualo, está catalogado como suelo urbano. En 2010 se dividió su ejecución en dos. La primera fase (UE-1), ya desarrollada, consistía en la construcción de una zona comercial, con supermercado, gimnasio, estación de servicio y demás. La segunda contempla la reparcelación y urbanización de toda la zona. El ayuntamiento decidió entonces utilizar el procedimiento de la gestión directa, es decir, que la administración local se convierte en agente urbanizador.
Hace unos meses la Junta de Gobierno aprobaba sacar a información pública el proyecto de reparcelación, que a grandes rasgos consiste en dotar de luz, agua y alcantarillado a buena parte de la zona, en la que proliferaron las casetas veraniegas hace varias décadas y que muchas de ellas se han convertido en residencia habitual. También se habilitarán dos viales secundarios para dar acceso a varias edificaciones, así como se permitirá la construcción de nuevas viviendas, tanto unifamiliar como plurifamiliar, compuestas por bajo, dos alturas y ático. De hecho, la promotora de una de estas actuaciones ya tiene vendidas todas las casas. Cabe recordar que el tipo de viviendas que se estableció en un principio era de VPO pero se modificó y ahora será de precio tasado.
Unides Podem Godella, fuera del equipo de gobierno que conforman Compromís y PSOE pero cuyo voto permitió que la izquierda se mantenga al frente del consistorio, ha sido uno de los grupos que han presentado escrito de alegaciones. Así, solicita que se anule y se deje sin efecto el proceso, al asegurar que «adolece de un defecto de forma», ya que el modelo de vivienda plurifamiliar está prohibido por el PGOU en ese sector y que un cambio de uso «debería haber sido tramitado mediante una modificación puntual del PGOU vigente». Además, recuerda que el Plan de Reforma Interior, «que no está aprobado definitivamente por falta de un informe del Consell Jurídic Consultiu, es una norma de rango inferior que no puede modificar una superior como es el PGOU». Por tanto, Podem sostiene que el proyecto de reparcelación «no cumple los requisitos de legalidad, al estar basado en un documento normativo no aprobado definitivamente».
Al mismo tiempo, y recogiendo parte de las alegaciones de vecinos y otros colectivos, Podem recuerda que en el proyecto «no se incluye el necesario informe de la policía para conocer el impacto de los vehículos, el tráfico, peatones, carril bici y accesibilidad» y «que no debe aprobarse ningún proyecto que implique nuevas viviendas hasta que no estén en funcionamiento estructuras que eviten las inundaciones».
Unides Podem asegura que el proceso da luz verde a «tres nuevos edificios en un entorno residencial de baja densidad de edificación. Uno de esos edificios que ocuparían una zona de olivos sería de propiedad municipal en caso de que se construyera. Mientras la tendencia general es mantener el arbolado urbano y las zonas verdes cada vez más necesarias para luchar contra el cambio climático, el gobierno de Godella sigue apostando por una urbanismo especulativo, totalmente agresivo para la calidad de vida de los ciudadanos».
El gobierno defiende la actuación
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carles Duran, defiende que el tipo de vivienda de cada sector «queda delimitado en la aprobación y modificación de ese sector» y «este en concreto se definió en 2015». Además, el regidor sostiene que la actuación «soluciona un problema de más de doce años», que «permitirá a muchos vecinos del sector tener mejores condiciones y servicios de los que tienen actualmente».
