La oposición vuelve a tumbar el nuevo PGOU de Godella

Los ocho votos del equipo de gobierno (Compromís-PSOE) han sido insuficientes para sacar adelante un texto que tiene como objetivo evitar futuras expropiaciones, a cambio de aumentar en 436 más el número de viviendas previstas en el POGU de 1990. Con la victoria del "NO", el documento en el que lleva trabajando años el ayuntamiento caduca en febrero de 2020, teniendo que iniciarse de nuevo todo el proceso. Además, se da la circunstancia de que el uno de enero de 2021 finaliza la moratoria aprobada por las Corts, que restringe que los propietarios de suelo afectado por el desarrolllo del POGU puedan solicitar la expropiación de sus terrenos.

La modificación del PGOU de Godella tiene como clara meta evitar más expropaiciones, que al consistorio ya le ha supuesto un desembolso de unos doce millones de euros y se expone litigios de entre 13 y 30 millones, según los cálculos municipales. Así, el documento trata de reodenar los equipamientos pendientes de adquirir (zona verde o dotacional) y ofrecer a los propietarios del suelo aumentar la edificabilidad para que sus parcelas incrementen su valor y no demanden al consistorio. El ayuntamiento siempre ha rechazado que no crece el terreno edificable sino que permite más pisos en el mismo suelo. En total, 436 más.

El concejal de Urbanismo, Carles Durán, recordó que estaban ante el "último pleno" en el que podían aprobar el documento, para poder realizar los trámites necesarios antes de que caduque en febrero de 2020. El regidor de Compromís detalló que el se había incorporado al texto "elementos del pacto de investidura" -negociados con Unidas Podemos- , además del convenio con los propietarios de la carretera de Rocafort. En este sentido, destacó que se ha hecho "de manera participativa", con reuniones y jornadas explicativas.

Durán apuntó que la modificación, en la que han trabajado cinco años, es "fruto de la necesidad de evitar nuevas expropiaciones, que no podemos asumir" y advirtió que no aprobarlo "supondrá nuevas expropiaciones que aumentarán la deuda, la imposibilidad de crear empresas públicas, el recorte de servicios básicos y la reducción de partidas para ayudas sociales y planes de ocupación". El concejal defendió el documento por su sostenibilidad, que el 30% de las nuevas viviendas será pública y el 50 de ellas en régimen de alquiler, además de aportar medidas contra las inundaciones. "Esta es la única alternativa viable", sentenció. Por ello, instó al resto de partidos a "trabajar por el interés general y recuperar el consenso de hace 30 años" cuando se aprobó el vigente PGOU.

Pero la oposición no traga. Ya rechazó la modificación en el pleno de marzo. Y ahora, pese a los retoques, tampoco ha pasado el filtro. El concejal de Ciudadanos Javier Beltrán anunció su voto en contra por las "lagunas, la premura, las formas y el fondo técnico-jurídico" del texto de modificación, aunque admitió "compartir la preocupación" por las consecuencias de la no aprobación. El regidor se mostró crítico con que "muchos propietarios han intentado llegar a acuerdos y ha sido en vano, sin obtener respuesta" y resaltó el "gran distanciamiento que existe entre detractores y partidarios" de esta modificación.

Javier Beltrán también quiso dejar claro que "los culpables de esta situación no son los ciudadanos" sino "los que en su momento no supieron llevar a buen término el problema de las expropiaciones". El concejal atribuyó también la negativa de Cs a la "temeridad" y a "la forma en la que se han llevado estas negociaciones" y rechazó las "amenazas" de decir "que nos intervendrán y que viene el coco", cuando "sobre la mesa hay otras circunstancias del porque hemos llegado a esta solución".

La concejala de Unidas Podemos, Irene Ferré, acusó al equipo de gobierno de "ir contracorriente con un comportamiento urbanístico incomprensible" y de tratar de "evitar una ruina con una ruina más grande para el municipio". La regidora recordó que se aprobó una moción para iniciar un PGOU y esta petición se incluyó dentro del Pacto de Investidura del pasado junio y no se ha hecho nada. La edila relató que la modificación llevada a pleno incluye "mínimos cambios" respecto a la que ya fue tumbada en marzo, pero "mantiene convertir zonas verdes en comerciales, con más tráfico y llenar los bolsillos de los promotores". Ferré llegó a decir que se trata de planes "similares a los que desarrolló la derecha" y preguntó a PSOE y Compromís "si están a favor de este tipo de planes".

La concejala morada también recordó a la alcaldesa Eva Sanchis, que "hace unos años defendía la Muntanyeta dels Frares, esa que ahora quiere convertir en viviendas y superficie comercial. Hay que defender la huerta, como usted hace, pero la muntanyeta también". Irene Ferré cuestionó si el nuevo documento soluciona los problemas de inundaciones y puso sobre la mesa que "hay muchas preguntas sin respuesta". Por ello, pidió "consenso" para redactar un nuevo PGOU y "no las amenazas que lanzan". Por último, advirtió que "quieren cargarse el medio ambiente" y "mientras esté en nuestra mano evitarlo, lo haremos".

El portavoz del PP, José María Musoles, avanzó que "a nadie le debería escandalizar ni lamentar si esta propuesta sale rechazada", ya que "ya se hizo en marzo". El edil criticó la "visión apocalíptica de las doce plagas de Egipto si el documento no se aprueba", y recordó "la mala gestión realizada con las expropiaciones". El concejal reprochó que el ejecutivo ensalzara la participación en el nuevo documento "cuando no se ha escuchado a las asociaciones" ni "ha llamado una sola vez al partido mayoritario de este ayuntamiento. Ese no es el buen camino cuando hablan de consenso y de interés general. Tampoco se han sentado con los propietarios de los sectores afectados y solo por esa falta de comunicación, creo que es suficiente para votar en contra por vernos excluidos".

Por su lado, el portavoz socialista, Fernando Oliveros, dejó claro que "a nadie le gusta construir y estamos en contra, pero hay gente que ahora lo rechaza y vive en la antigua montañeta de arena", en referencia a Irene Ferré, a la que le puntualizó que las dos alternativas que se planteraron en el pacto de investidura (reducir la edificabilidad en el sector 25 y 26, reduciendo de 402 a 355 el número de viviendas), se ha hecho, al igual que especificar que debe estar resuelto las infraestructuras para la prevención de inundaciones". Además, el concejal dijo que "sí" ha habido reuniones con los partidos y sobre el PP recordó que "le pedimos propuestas y no dijeron ni una". Por último, rechazó "querer ser apocalíptico, pero tenemos experiencia en las expropiaciones".

A modo de conclusión, la alcaldesa Eva Sanchis recordó que con los partidos “se habla en las comisiones” y “durante años no han plantado ni una sola propuesta”. También aseguró que se han reunido con propietarios de varios sectores. La dirigente de Compromís se mostró como defensora de las zonas verde al explicar que “se incluyen 25.000 metros para mantener la arboleda del sector 25 y 26 cuando ahí esta todo catalogado como residencial y desaparecería”. Sanchis advirtió que “queda un empastre” porque “para evitar pagar a las monjas 17 millones de euros se trasladaban 9,000 metros de zona verde a otro sitio, y dónde lo ponemos ahora”. Por último, la alcaldesa concluyó alertando de que “cada uno será responsable de su voto” y pidiendo que constará en acta el nombre y apellidos de los que votaban en contra, “para que cuando vengan las expropiaciones, la gente sepa a quién tiene que ir a preguntar”.