El pleno de Quart de Poblet aprobó el martes remitir a la gestora del agua potable, un requerimiento para que reembolse 449.304 euros a las arcas municipales por una discordancia entre servicios y cobros. 

El requerimiento lo hizo ayer público Compromís en un comunicado, en el que detallaba que la reclamación «es la conclusión de un informe que habría detectado un exceso en los cálculos para fijar la tarifa que pagan los usuarios, alrededor de un 20% sobre el importe que se considera adecuados a instancias municipales».

Bartolomé Nofuentes, concejal del Ciclo Integral del Agua, recuerda que la propuesta de devolución «la eleva al pleno el equipo de gobierno» y puntualiza que el servicio de agua potable «es de titularidad municipal y que la empresa colabora en el recuento, gestión y cobro». Según el edil socialista, «desde que empezó la concesión se han revisado todas las actuaciones con minuciosidad, y prueba de ello son los informes anuales y cuando se ha observado una disconformidad de criterio se ha procedido a actuar», afirma. 

Compromís, que reiteradamente desde 2016 había pedido la comprobación de las tarifas presentadas por la concesionaria para verificar su adecuación, ha mostrado su conformidad con la reclamación del ayuntamiento. Para Rosa Maria García, portavoz de la formación, «aquello que tendría que haber sido una actuación ordinaria cada año, tendrá que hacerse extensivo a los años anteriores para comprobar la ejecución del contrato más importante del ayuntamiento. Cuando el equipo de gobierno del PSOE decidió que el servicio de agua pasaba a manos de una empresa privada había que ejercer un control adecuado sobre los costes que proponen para determinar la tarifa. Que haya una desviación del 20% no es normal y hay que aclarar esta situación con urgencia».

En este sentido, Nofuentes recuerda a la portavoz que «mucho antes de que fuera concejala, este equipo de gobierno ya fiscalizaba el cumplimiento de las concesiones, tanto a efectos del coste como respecto a las inversiones, en este y en cualquier otro contrato». Por tanto, el concejal socialista asegura que «no se puede actuar por intuición ni en base a sospechas. El equipo de gobierno ha sido responsable y ha recabado los informes y la documentación necesaria para iniciar un proceso de reclamación» y agradece la «predisposición del resto de grupos municipales».