El pleno de Rocafort aprobó el martes la creación de una comisión informativa especial, equivalente a una comisión de investigación, para esclarecer si el alcalde Agustín Aliaga intervino para acelerar la concesión de dos licencias urbanísticas. Toda la oposición votó a favor mientras que el bipartito PP-Vox se abstuvo.

El impulsor de crear la comisión informativa ha sido Ciudadanos, exsocio del gobierno de Rocafort y quien regía el departamento de Urbanismo durante los hechos que se van a investigar. En un principio, la formación naranja presentó una moción para conocer el contenido de la respuesta a la pregunta formulada al departamento jurídico externo sobre un expediente concreto. Como esa respuesta ya estaba emitida y comunicada a todos los grupos en el momento del pleno, Cs presentó una enmienda de adición en el que directamente solicitaba al plenario la creación de la comisión informativa especial.

Rosario Marco, exconcejala de Urbanismo, relató los motivos por los que su grupo pedía la comisión de investigación. Así, narró que el 9 de diciembre de 2021, en el sistema Gestiona, la plataforma donde quedan reflejadas y asignadas las tareas del departamento urbanístico, no aparecían dos licencias urbanísticas, es decir que no se estaba trabajando sobre ellas. En cambio, matizó, la regidora sí iba firmando expedientes completos para su aprobación definitiva en la Junta de Gobierno Local del lunes siguiente, 13 de diciembre. “Ese jueves observo ciertas cosas que no cuadraban alrededor de dos licencias urbanísticas, y que algo estaba ocurriendo en Urbanismo”, aseguró Marco. De hecho, reveló que “empecé a recibir presiones y llamadas de teléfono para solicitarme, como edila de Urbanismo, que se llevarán esas dos licencias urbanísticas a la junta de gobierno como despacho de urgencia”. La junta se convoca el jueves, por lo que esos permisos no podían incluirse en el orden del día y solo quedaba la vía de urgencia o esperar a la siguiente junta de gobierno, prevista para quince días después.

"Empecé a recibir presiones y llamadas de teléfono por la licencias urbanísticas", afirma Rosario Marco

La regidora naranja detalló que “no entendía bien lo que estaba pasando, pero tirando del hilo”, dice, averiguó que el alcalde Agustín Aliaga hizo una llamada ese jueves al servicio jurídico para preguntar sobre el estado de esas licencias. La abogada, según su relato, llamó al jefe de urbanismo para trasladar la pregunta de cómo estaban los permisos. “Al día siguiente (viernes) los dos expedientes de ambas licencias estaban completos, con sus informes técnicos y jurídicos”, señala Marco. Lo curioso, según la edila, “es que el jueves ninguna de esas dos licencias estaban asignadas en el Gestiona y el departamento jurídico trabajó toda la tarde del jueves para poder completar el expediente el viernes”.

El pleno de Rocafort volvió a ser presencial

Esta situación provocó que la propia concejala de Urbanismo incoara un expediente para aclarar qué estaba ocurriendo con dichos permisos. Así, se formulan preguntas a los responsables del departamento técnico, cuyas respuestas se incluyen en el expediente. Por su parte, el servicio jurídico (respuesta que todavía no estaba en el expediente que se analizó en la comisión informativa previa al pleno y que al entregarse posteriormente hizo que cambiara el sentido de la moción de Cs), admitía la llamada del alcalde interesándose por saber el estado de esas dos licencias. El asesoramiento externo de letrados, a su vez, consideraba normal la pregunta del dirigente del PP y calificaba de “extraño” que se le cuestione a los abogados por esta situación.

Marco aseguró en su exposición que Urbanismo “tiene un circuito interno que asigna las tareas para tramitar cualquier licencia y ningún político debe intervenir en ese circuito interno y hay que respetar el orden de incoación de licencias”. Por eso, dijo la regidora, se crea la comisión de investigación para “saber por qué se ha alterado el sistema de tramitación, en base a qué, y a espaldas de la concejala de Urbanismo”.

Aliaga: "solo pedí a los servicios jurídicos que me dijeran cómo estaban esas licencias, y nada más"

Agustín Aliaga sentenció que el “alcalde se interesa por todo lo que le piden los vecinos, y si puedo ayudar, me intereso por él, y como alcalde puedo pedir informes de lo que crea conveniente con el fin de ayudar a los vecinos”. Y añadió que “no he intervenido en ningún tema de urbanismo, solo pedí a los servicios jurídicos que me dijeran cómo estaban esas licencias, y nada más”, afirmó.

Finalmente, la comisión salió adelante con el apoyo de la oposición. Miguel de la Cruz, de Podem, admitió que “no veo caso”, pero “vamos a dejarlo claro y ver quién tiene razón”. Desde el PSOE, Alicia Esteve aseguró que “usted (en referencia a Aliaga) se puede interesar por lo que considere, pero no puede solicitar un informe para unas licencias urbanísticas, y eso es lo que está diciendo esta moción”. Además, la socialista recordó que semanas después de este episodio, el alcalde redactó la destitución de Marco como edila de Urbanismo, aunque finalmente no las rubricó.

Por parte del gobierno, Gorka Gómez, del PP, pidió varias veces a Rosario Marco que dijera “si esas presiones” las había recibido de algún concejal de la corporación, pero la regidora nunca contestó. Por ello, aseguraba en que Aliaga “es inocente” y dejo caer que "al final esto puede acabar mal” y “la que acaba en el banquillo es usted”. Sergio Herrero, de Vox, también era partidario de que “no hay caso”, pero “debemos dar transparencia”.  

Críticas vecinales por las cinco horas y media de pleno

El pleno del martes, el primero presencial y con asistencia de público desde antes de la pandemia, se prolongó durante cinco horas y media. Solo el punto para debatir la creación de la comisión de investigación se alargó durante hora y cuarto. La asociación de vecinos Antonio Machado lamentan que los asistentes tuvieran que abandonar el pleno sin poder intervenir, dadas las horas. "¡Cinco horas y media hacen imposible la participación ciudadana!", denuncian.

El colectivo vecinal reprocha las "agendas demasiado extensas, parlamentos interminables y repetitivos, descansos, dobles turnos, réplicas y contrarréplicas, descalificaciones...". La AVV considera que "es indispensable una disposición de los tiempos asignados, una moderación en las intervenciones y un respeto por los ciudadanos que también forman parte del pleno".