La policía de Xirivella cita para estudiar su expulsión a una colombiana que acudió a denunciar la pérdida de su pasaporte

La Policía Nacional de Xirivella ha citado para que se persone ante la Brigada de Extranjería a una ciudadana colombiana que acudió a la comisaría a denunciar la pérdida de su pasaporte. Así lo ha revelado hoy la entidad Valencia Acoge, que explica que este tipo de citaciones se resuelven mayoritariamente con una sanción o una propuesta de expulsión, y haciendo constar que la mencionada práctica policial, condenada por el Defensor del Pueblo, provoca la indefensión jurídica de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar cuando una mujer colombiana acudió el 15 de noviembre a la comisaría de Xirivella a denunciar el extravío de su pasaporte en la calle, señalando que desconocía cómo habían ocurrido los hechos. La mujer se identificó con su cédula colombiana y el Policía le dijo que esperara a que consultara su “situación”. Al rato, dos agentes le entregaron una citación para que se presentara ante la Brigada de Extranjería “en relación a su situación en España”. 

Según Valencia Acoge, en estas citas es habitual incoar un procedimiento de sanción por estancia irregular que conlleva la expulsión o multa de 501 a 10.000 euros. Tras firmar la citación, la mujer preguntó a los policías si la iban a deportar y estos respondieron que estudiarían su caso. “Pero dijeron que si no me presentaba, me detendrían y a los tres días me deportarían”, asegura la ciudadana colombiana. 

La policía de Burjassot ordena expulsar a un colombiano que acudió a comisaría a denunciar la pérdida de su pasaporte

Una vez recibida la citación la mujer quiso presentar la denuncia por la pérdida de su pasaporte, pero el agente le dijo que se la tramitaría el día que acudiera a Extranjería. Finalmente, tras insistir la mujer logró que se le admitiera la denuncia. Fue este su último contacto con la Policía, pues tal como relatan en Valencia Acoge la ciudadana colombiana evitó presentarse ante la Brigada de Extranjería por miedo a terminar deportada. 

En ese sentido, la entidad subraya que la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas de delito y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas. Y recuerda que el Defensor del Pueblo rechaza este tipo de actuación policial porque “tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”.

De hecho, el organismo que ahora comanda Ángel Gabilondo reactivó esta consideración –que empezó a formular en 2004– tras un caso denunciado en 2019, también en la comisaría de Xirivella. Entonces una mujer hondureña acudió a denunciar la agresión de un hombre en dicha comisaría y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. La difusión del caso provocó una fuerte reacción social y la Delegación del Gobierno acabó archivando la expulsión.

Varios casos similares en pocos meses

El proceso iniciado en la comisaría de Xirivella recuerda a dos casos similares documentados recientemente en la provincia de Valencia. En diciembre de 2022, la Policía Nacional de Burjassot propuso la expulsión por estancia irregular de un ciudadano colombiano que acudió a la comisaría a presentar una denuncia por la destrucción de su pasaporte. H. R. y otro compañero también colombiano explicaron en dependencias policiales que sus documentos se habían quemado en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban. 

Tras presentar la denuncia, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron para dos días después en la sección de extranjería de la misma comisaría. El día 7 de diciembre acudieron a la cita. A H. R. le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo.

Por su parte, en julio de este mismo año, la joven A.R. acudió al juzgado de guardia a denunciar el hurto de su pasaporte del interior de la habitación que tenía alquilada en un piso de València. En el juzgado se negaron a admitir la denuncia y le indicaron la dirección de la comisaría de Russafa para que fuera a presentarla. A. R. fue sola al juzgado, la remitieron a la comisaría de Russafa y hasta la policía que le atendió –cuentan en Valencia Acoge– se sorprendió de que estando en situación irregular se presentará en una comisaría. La policía recogió su denuncia por hurto, pero acto seguido le entregó la citación, donde ya se adelantaba que la iban a sancionar y le advertían de que si no comparecía se le podría incoar “un expediente de expulsión por el procedimiento preferente”.

Al respecto Valencia Acoge aclara que las citaciones no siempre son tan explícitas, como acaba de ocurrir en Xirivella, donde no sé indica cuál es el objeto de la cita, pero insisten en que “casi el 100% de las ocasiones” se resuelven con la sanción o la deportación. “En España, las personas en situación irregular no pueden pisar una comisaría sin miedo a salir con una propuesta de expulsión en su contra por parte de la policía”, denuncia la oenegé.